Por: Sergio Abrevaya
Los responsables de la seguridad pública prefieren enfrentar la sensación de inseguridad con artilugios mediáticos antes que asumir las arduas tareas de prevención y la persecución eficaz de los delincuentes. Esto tiene que ver con la ligereza comunicacional que aprisiona a la política.
Si aumentan los hechos delictivos que no se note, parece ser la consigna de los sucesivos ministros de seguridad kirchneristas; el gobierno nacional no publica cifras desde el año 2008. Y aunque alguien crea que sin estadísticas completas y comparables año a año se pueden ocultar los delitos para reducir la sensación de inseguridad, éstos en realidad se incrementan, porque sin un método para conocerlos, clasificarlos y referenciarlos geográficamente es imposible profesionalizar la prevención.
Todo comienza con la disuasión a denunciar el delito en la misma Comisaría, en la que, sin una atención solícita y expedita, las víctimas y damnificados son abrumados con exigencias y pretextos burocráticos lo que, sumado a la desconfianza hacia las fuerzas de seguridad, deviene en un hábito mayoritariamente extendido: no denunciar los delitos en sede policial.
Sin denuncias no hay investigación y sin pruebas sólo se benefician los delincuentes. Pero incluso luego de recibida una denuncia, por ejemplo de un robo o un hurto, casi nunca se toman huellas digitales ni se colectan pruebas, por lo que la investigación se hace inconducente, el eventual proceso judicial se cae y el vecino descree definitivamente del rol estatal respecto a su seguridad y la de los suyos. En rigor, se trata de un viejo vicio policial relacionado con el manejo discrecional y malsano del mundo del delito, una suerte de regulación informal de quién va preso y quién no. Porque cuando un hecho delictivo toma estado público o ingresa en la esfera del interés del poder político, enseguida la inteligencia policial aporta las pruebas.
En primer lugar, es indispensable la gestión policial de un mapa único del delito en el área metropolitana. Como antecedente se puede mencionar el mapeo que desde el año 2010 construimos distintas asociaciones vecinales de la Ciudad de Buenos Aires, recabando por entonces entre los vecinos 7.737 reportes de delitos no denunciados. En la última actualización de nuestro mapa del delito observamos que entre noviembre del año pasado y mayo del actual hubo 23323 casos de comisión y tentativa delictual no denunciados formalmente. Así, hemos podido localizar las zonas más inseguras de la ciudad y evaluar el tipo de delito más habitual en cada barrio. Sólo con un mapa único del delito, que incluya estadísticamente los reportes de las ONGs que recaban los hechos no denunciados, la policía tendrá más herramientas para la prevención. Las sociedades más seguras son aquellas en las que el compromiso con la prevención del delito incluye a la sociedad civil, elemento éste aún más determinante que otros – también influyentes- como la cantidad de efectivos policiales en las calles o el porcentaje de hechos delictivos que son esclarecidos y sus autores sancionados.
En segundo lugar, y a favor del aggiornamiento de las instituciones de seguridad para recuperar la confianza ciudadana, propuse en su momento la elección mediante el voto popular del Jefe de la Policía, lo que legitimaría su autoridad y aumentaría el control social de los ciudadanos sobre el accionar policial. También sería un aporte la aplicación efectiva de sanciones a las Comisarías que no reciban denuncias o las desalienten.
En el mismo sentido, es necesario jerarquizar las áreas y departamentos especializados en la investigación del delito, de modo que las pruebas sean consistentes para asegurar la condena del delincuente. La alternativa es quitarle esas funciones a la Policía Federal y la creación de una Policía Judicial, a la cual derivar las denuncias para que investigue.
Por último, no puede dejar de señalarse lo perjudicial que es el actual doble comando de las fuerzas policiales en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, y que sigue vigente el legítimo reclamo de que sea traspasada a la órbita porteña la Superintendencia de Seguridad con todas sus Comisarías, efectivos y presupuesto. Todas las provincias argentinas tienen su policía provincial y la Federal se dedica exclusivamente a los delitos federales.
Los hechos delictivos han escalado hasta hacerse parte de la cotidianeidad de cada una de nuestras familias; ya no hay manera de ocultarlos comunicacionalmente. Es la oportunidad de presionar al poder político para que de una vez por todas decida gestionar la seguridad ciudadana.