Por: Carlos Arbia
Esta semana el Gobierno enviará al Congreso —la iniciativa entraría por la Cámara de Diputados— el proyecto de ley para derogar la ley cerrojo y la ley de pago soberano para poder acordar con los bonistas que no entraron a los canjes de 2005 y 2010. La derogación de estas dos leyes es fundamental para salir de un problema que Argentina arrastra desde que cerró el canje II, en septiembre de 2010.
Considerando los acuerdos que ha logrado el Ministerio de Hacienda y Finanzas con gran parte de los acreedores que no entraron a los canjes, el Gobierno necesita la derogación de esas dos leyes para reestructurar definitivamente la deuda en default originada desde el 2001 y que le ha traído grandes problemas a la Argentina, como los que detalló el presidente Mauricio Macri en su discurso para abrir las sesiones del Congreso de la Nación.
La ley cerrojo, aprobada en febrero de 2005, impide que el Estado argentino les ofrezca a los acreedores que no entraron en los canjes de 2005 y 2010 mejores condiciones que a los tenedores de bonos que habían aceptado la reestructuración de deuda. Establece además que el Poder Ejecutivo no podrá reabrir el proceso de canje de bonos después del 25 de febrero de 2005 ni efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de esos bonos, y aquellos papeles que no se hayan canjeado hasta ese día serán retirados de todas las bolsas y los mercados de valores en los que estuvieran cotizando. Con esta ley, el Poder Ejecutivo se reservó también la potestad para negociar la deuda en razón de la delegación de facultades cedida por el Congreso de la Nación.
Lo curioso es que fue suspendida en octubre de 2010, cuando el ministro de Economía, Amado Boudou, logró la aprobación de un proyecto de ley enviado al Congreso para suspenderla transitoriamente y lanzar el canje II de la deuda con el que la Argentina llegó a un 93% de aceptación por parte de los bonistas, pero dejó un 7% afuera. Estos bonistas, los holdouts, empezaron a litigar contra la Argentina y lograron ganar un juicio en la Corte de Nueva York que condenó al Estado argentino a pagar unos 1.330 millones de dólares por la aplicación de la cláusula pari passu que implica un trato igualitario para los acreedores que no entraron en los canjes I y II.
El gran inconveniente es que, con esta ley, el Estado argentino trabó las reaperturas de canjes de deuda y es la principal culpable de los juicios originados por los holdouts a la Argentina, la mayoría iniciados en la Corte de Nueva York, en el Juzgado del juez Thomas Griesa. En caso de haber quedado abierto el canje II, más bonistas hubieran entrado, pero por orden de la presidente Cristina Fernández de Kirchner el canje se cerró definitivamente en octubre de 2010. Este fue el primer error del kirchnerismo en la reestructuración de la deuda iniciada con el canje I del 2005. Esto provocó que de una deuda no canjeada original de unos seis mil millones de dólares pasara a un valor de unos veinte mil millones de dólares.
No conforme con eso, el kirchnerismo logró, en septiembre de 2014, aprobar en el Congreso la ley de pago soberano, el segundo gran error del kirchnerismo. En particular, porque agravó el problema original. Esta ley autorizó al Gobierno el reemplazo del Bank of New York (BONY) por Nación Fideicomisos para el pago en Buenos Aires de la deuda reestructurada, pero fue un fracaso total. Ese reemplazo fue ideado para evitar una orden del juez Thomas Griesa que le impedía a la Argentina pagar a los bonistas en el exterior. Lo que se logró fue que quedaran depositados en la Argentina en cuentas del Banco Central unos tres mil millones de dólares que no pudieron ser pagados a los bonistas.
El cambio de la sede de pago y la salida del BONY, una idea del ex ministro de Economía, Axel Kicillof, no resolvió el litigio que Argentina tenía con los holdouts. Muy por el contrario, lo agravó. Provocó que los bonistas que habían entrado a los canjes I y II, que estaban cobrando los intereses y las amortizaciones, los llamados holdin, dejaran de cobrar por no aceptar el cambio en la jurisdicción extranjera que establecía las condiciones de los bonos reestructurados en lugar de la jurisdicción local. Fue una iniciativa innecesaria, porque cambiar la jurisdicción y el banco pagador no resolvió el problema original, que es una sentencia definitiva para pagarles a los bonistas unos 1.300 millones de dólares por la aplicación del pari passu ordenada por el juez de Nueva York en noviembre de 2012. Por lo tanto, para resolver el problema que generó, una ley debe ser derogada por el Congreso de la Nación.