Por: Carlos Arbia
Una de las grandes sorpresas que ha deparado el Gobierno de Mauricio Macri es su coincidencia con el kirchnerismo en los métodos para combatir la inflación. La reivindicación del ex senador Ernesto Sanz de los aprietes de Guillermo Moreno a los empresarios para que bajen los precios, junto a las declaraciones del director nacional de Defensa al Consumidor Fernando Blanco Muiño solicitando que los consumidores hagan un boicot para que bajen los precios van en esa dirección. Esto se suma a la decisión de la secretaria de Comercio de mantener el programa Precios Cuidados, con el agregado de la posibilidad de controlar los precios de mil productos por medio de una aplicación para teléfonos celulares que comenzará a funcionar a partir de abril. Además, se les ofrece a los jubilados que no tengan celulares pasar por los locales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para saber los precios de los productos en distintos supermercados.
“Algunos empresarios argentinos se merecen un Moreno y no les basta con pedirles, hay que hacerles caer todo el peso de la ley”, dijo Sanz en un reportaje esta semana. Agregó: “Este es un Gobierno que no puede hacer la de Moreno, que era de prepo, tiene que actuar con la ley”, pero fue más allá al afirmar: “Para mí, hay que ser más duros con los empresarios que no han entendido el rol que tienen ahora y en lugar de ayudar a combatir la inflación, aprovechan el río revuelto con demarcaciones; en el rubro alimentos, hay quienes no están a la altura de las circunstancias”. Por su parte, Blanco Muiño manifestó: “En un contexto como el actual, donde algunos sectores subieron precios injustificadamente, el boicot es una herramienta válida”.
Ante la fuerte suba de precios que se observa desde noviembre pasado, el Gobierno de Mauricio Macri se comienza a enredar en una peligrosa morenización de la economía que no es una buena señal. Sólo falta que les fijen a los empresarios el precio al que tienen que vender tal o cual producto en función de sus costos, como hacían Guillermo Moreno y el ex ministro de Economía Axel Kicillof. Lo que deberían entender tanto Sanz como Blanco Muiño es que en una economía abierta, con tipo de cambio fijo o flotante, como es el actual caso, los precios son libres y los determina el mercado, no los funcionarios de turno. Llama también la atención que el presidente Mauricio Macri manifieste que si no hay arreglo con los holdouts, puede venir una hiperinflación, con lo que mezcla dos temas que no tienen nada que ver. Excepto que las autoridades gubernamentales piensen en realizar una gran devaluación del peso frente al dólar y expandir la emisión monetaria si no se cierra el acuerdo.
Se debe evitar que los funcionarios de Cambiemos repitan el error de la dupla Moreno-Kicillof de pensar que los precios de los bienes se calculan en función de los costos de producción y de comercialización, como impone la teoría marxista, por medio de la explicación del valor trabajo y la teoría keynesiana, a través de la obtención del margen de ganancia. Lo que deberían asumir, tanto Moreno y Kicillof como Sanz y Blanco Muiño, o los que se le quieran sumar, es que son los precios los que determinan los costos y no la inversa. Es recomendable que lean los Principios de Economía Política de Carl Menger.
En ese aspecto, cobra un rol fundamental el consumidor. En verdad no es necesaria una ley de defensa al consumidor ni un defensor de los consumidores, ni los tribunales para defender a los consumidores. Los consumidores no sólo fijan los precios de los bienes, sino también de todos los factores que intervienen en un proceso de producción. No deben ser los empresarios ni los sindicalistas, ni los políticos los que fijen los precios, sino que deben ser los consumidores, que son los que pagan por cada insumo y a cada trabajador su salario. Las causas de los aumentos de los precios no están en la suba de los costos, sino en el aumento de la emisión monetaria, que devalúa los pesos que se utilizan para comprar esos bienes y pagar los salarios.
El libro 4000 años de controles de precios y salarios, de los economistas Robert Schuettinger y Eamonn Butler, concluye: “No existe un solo caso en la historia en el que el control de precios haya detenido la inflación o haya superado el problema de la escasez de productos”. En ese aspecto, los autores señalan que desde la quinta dinastía de Egipto (2830 a. C.), en Sumeria, en Babilonia, con el Código de Hammurabi, la Grecia antigua y la Roma imperial, mediante el tristemente célebre Edicto de Diocleciano, los gobernantes siempre respondieron a las subas de precios de la misma forma. Acusaron a los vendedores de especuladores y les solicitaron a los consumidores que mostraran un sentido de responsabilidad social, recurrieron a leyes u otros expedientes para fijar los precios y los salarios, y evitar así que los precios siguieran subiendo. Sanz y Blanco Muiño deberían estudiar cómo funciona un mercado libre, saber que los costos no determinan el precio de un producto y que la inflación es un fenómeno de origen estrictamente monetario.