Un editorial de El Tiempo, una entrevista del asesor jurídico de las FARC en Semana, las del presidente Juan Manuel Santos a Yamid Amat y a Patricia Janiot de CNN y decisiones del alto Gobierno indican algo muy grave, mucho más de lo que nos imaginamos. Avanzamos hacia un pacto con las FARC de carácter entreguista.
En La Habana, los “plenipotenciarios” de las FARC exigen como condición previa a la firma de un acuerdo de paz que se conforme, ya mismo, la Comisión de la Verdad y que esta emita un veredicto acorde con su visión: que Gobiernos, cúpulas castrenses y elites empresariales son tan culpables como ellas de todo lo sucedido en los últimos 50 años. Esto sin contar con que el informe puede tardar años y hasta décadas.
Los jefes farianos le tienen tomado el pulso y medido el aceite al Gobierno nacional y al presidente de la República. Esa es la razón por la que han subido el tono de sus exigencias y sus declaraciones. Sin ir muy atrás y teniendo en cuenta los acontecimientos desde el ataque traicionero a los soldados el pasado 15 de abril en Cauca, queda la sensación de que la guerrilla ha ganado los últimos pulsos.
Recordemos que a raíz de esa masacre, Santos restableció los bombardeos y la Fuerza Aérea, lo que confirmó que es el arma que más daño les hace; les propinó un golpe maestro. A renglón seguido, las FARC desataron su ofensiva terrorista para presionar un cese bilateral. Por lo leído y escuchado el fin de semana anterior, estamos en el mismo punto en que nos encontrábamos antes de la masacre de los soldados en Cauca, es decir, las FARC declaran un cese unilateral y Santos suspende de nuevo los bombardeos. Para evitar las críticas, el pacto se enmascara con la suave denominación de “desescalamiento”.
Mientras pulían lo que en esencia es un cese bilateral sin concentración de las guerrillas y sin probabilidad de verificar, fueron llamados a calificar servicios los generales comandantes de Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Los jefes farianos protestaron por las declaraciones de Santos y de Humberto de la Calle: que tenían que ir a prisión los máximos responsables de crímenes atroces y que debían entregar las armas.
La fuerte reacción de las guerrillas hizo trastabillar al Presidente, que se tragó sus palabras. La respuesta vacilante y equívoca ante la pregunta de Janiot sobre pena de cárcel a jefes de las guerrillas, cuando dio a entender que cárcel no era cárcel y pretendió cerrar la inquietud con una pregunta impropia hasta de un escolar: “¿Qué significa cárcel?”, nos ratifica que hubo rectificación.
Entre tanto, las FARC declaran a los medios, sin inmutarse, que no pagarán cárcel, que no entregarán armas, que la tregua será larga (algo así conduce al establecimiento del poder dual: dos poderes, dos Gobiernos, dos Estados), que la “cúpula del Estado” debe ir a la cárcel, que las Fuerzas Militares deben ser reducidas, que antes de cualquier firma se debe instalar la Comisión de la Verdad, que se debe desactivar el paramilitarismo (¿Por qué lo resucitan?) y judicializar a empresarios, ganaderos, comerciantes y gobernantes que lo patrocinaron y aún sostienen, que no habrá paz hasta que no se resuelvan “las causas objetivas del conflicto”, que para ellas sigue vigente la toma del poder y para que “no les quepa la menor duda”, como han reiterado Iván Márquez y compañía, “nuestro objetivo es el socialismo y el comunismo”.
Y como a las FARC, según nos recomendó el presidente Santos al inicio de estas conversaciones, hay que creerles lo que dicen, pues hay que acoger su recomendación.
Lo que quiere decir que en Colombia no habrá tratado de paz, sino una tregua larguísima sin penas de cárcel, ni entrega de armas, ni reparación de víctimas, y que Juan Manuel Santos, aunque diga y repita lo contrario, firmará un documento de paz tipo sastre, a la medida de las FARC, continuará privando a la Fuerza Pública de sus generales más experimentados y revisará la doctrina militar para que los soldados vayan a cuidar las fronteras y, aunque no lo reconozca, habrá zonas de reserva campesina bajo control de guerrillas. Dirigentes políticos, económicos y exgobernantes habrán de ser juzgados y condenados, no habrá un dossier judicial llamado FARC-política y nos quedaremos, por tanto, con las ganas de corroborar quiénes son sus fichas y sus agentes infiltrados en las corporaciones públicas, los medios, la Justicia, la academia y los partidos.
Del archivo: para tener en cuenta, “No se les puede pedir a las FARC que se arrodillen, se rindan y entreguen las armas. No lo harán. Debe existir una salida, y esta salida debe permitirles participar en la arena política”. (Santos a CNN, 28/9/2012). “¿No habrá entonces un acto simbólico de entrega de armas? Le hemos dicho reiteradamente al Gobierno que esa foto nunca la tendrán.” (Andrés París a El País, Cali 16/6/2013).