Por: Diego Hernán Armesto
La Cámara de Diputados se encuentra habilitada para tratar en sesión especial, entre otros, el proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional, la prórroga sobre créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias (impuesto al cheque). Una vez más, la prórroga de la emergencia económica entra en contradicción con su propio discurso, en el sentido de contar actualmente con políticas anticíclicas para enfrentar eventuales efectos de la crisis internacional en la economía argentina.
Nadie puede negar la grave crisis que sufrió la Argentina en diciembre de 2001. Aquella situación excepcional obligó al Congreso a sancionar, conforme el artículo 76 de la Constitución Nacional, la ley de emergencia económica, por la cual el Poder Legislativo declaró la emergencia pública en las materias social, económica, administrativa, financiera y cambiaria y delegó hasta el 10 de diciembre de 2003 sus facultades al Poder Ejecutivo.
La realidad nos indica que, desde 2002 a la fecha, la emergencia fue prorrogada cuantas veces el Poder Ejecutivo ha necesitado mantener en su poder las facultades propias del Congreso. El Gobierno ha convertido una excepción en una regla con discutibles argumentos para defender la nueva prórroga.
Las emergencias son situaciones que derivan de acontecimientos extraordinarios, inevitables, que tienen una fuerte repercusión en la vida social, por lo tanto resulta necesario contar con remedios también extraordinarios. Es decir, dado que en un contexto atípico se encuentran en juego el interés público y el bien común, el Congreso puede crear este tipo de excepcionalidades para que la administración de Gobierno, en quien se delegan las mencionadas facultades legislativas, tome medidas para paliar la situación.
Lo llamativo es que en el proyecto remitido por el Ejecutivo nacional (0011-PE-15) el Gobierno necesita una vez más de estas herramientas para responder a: “La incertidumbre con la que se desenvuelve la economía global producto de la crisis financiera y económica internacional”. Tal situación obliga al Poder Ejecutivo nacional a contar con suficientes instrumentos para reaccionar ante los avatares de la economía mundial.
Más adelante, en el análisis de los fundamentos, el poder en cuestión afirma: “Si bien se prevé que nuestra economía continúe transitando un sendero de crecimiento, habiendo solidificado su sistema financiero y sostenido una correcta administración de sus finanzas públicas y de su balanza de pagos con el exterior; la complejidad del escenario internacional recomienda solicitar a Vuestra Honorabilidad prorrogar por dos (2) años la presente normativa”.
Claramente, el discurso del oficialismo continúa por el sendero de la negación, ya que ahora resulta esencial contar con estos instrumentos atípicos para seguir enfrentando la crisis global iniciada en el año 2008, en pos de garantizar el nivel de empleo y de actividad económica local. Pero el relato choca con la realidad, por cuanto ahora el argumento es “la crisis internacional”, pero esta extensión del plazo denota el fracaso para resolver la situación económica, social, política y cultural de la república.
En definitiva, la regla es la excepción. Año tras año, los argentinos nos hemos acostumbrado a vivir al margen de la ley, a transformar la salvedad en la regla. Por ello, el próximo Gobierno deberá convalidar los argumentos del actual oficialismo para sostener la vigencia de la emergencia o sincerar la economía, establecer pautas transparentes y decidir transitar el camino de la excepción o el del imperio de la ley.