Por: Diego Hernán Armesto
Recientemente la Corte Suprema declaró que es inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado nacional, sin el correspondiente acuerdo de las provincias, para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La Corte hizo lugar al reclamo efectuado por las provincias de Santa Fe y San Luis. En este sentido, el máximo tribunal ordenó al Estado nacional, por medio de una medida cautelar, que suspenda los descuentos que se hace a la provincia de Córdoba sobre fondos de la coparticipación federal de impuestos.
Tal situación implica que las provincias, a partir de estas decisiones, deberían recuperar esas deducciones que llevaba a cabo el Estado nacional sin cumplir con las cláusulas constitucionales establecidas en 1994.
En un acto de rebeldía federal, los gobernadores del Partido Justicialista (PJ) se preparan —en sintonía con el fallo nombrado— para dar la pelea en el ámbito judicial y político con una meta estratégica: recuperar fondos millonarios de recursos de coparticipación cedidos a la administración central hace más de veinte años.
Es llamativo que desde el año 1988 existe la ley-convenio 23548 que estableció un régimen de distribución de recursos fiscales entre la nación y las provincias con un criterio de porcentajes fijos que fue desvirtuado año tras año y cuyo cumplimiento nunca ningún gobernador exigió, que, en definitiva, hubiera significado cumplir con el federalismo establecido en la carta fundamental.
La reforma constitucional de 1994 estableció en el artículo 75, inciso 2, modificaciones sustanciales en lo referente a esta cuestión. Dispuso que los impuestos indirectos internos y los directos creados serían coparticipables, y marcó la necesidad del dictado de una ley convenio donde debían existir acuerdos entre la nación y las provincias a los fines de establecer un régimen de coparticipación.
Lo sorprendente es que pasaron 21 años desde la sanción de la reforma constitucional de 1994 y, según reza la cláusula transitoria sexta, debió existir una ley-convenio de coparticipación federal antes de finalizar el año 1996, pero en la actualidad los gobernadores de provincia se alistan para recuperar fondos para las provincias, al entender que los reclamos llevados a cabo por Santa Fe, Córdoba y San Luis son similares a los del resto de las provincias.
Objetivamente es para celebrar este “resurgimiento del federalismo” y la recuperación de aquellas banderas que hacen a luchas que vienen de lo profundo de nuestra historia, pero resulta llamativo que ahora, luego de 12 años de vivir en la “década ganada”, los gobernadores vayan a la búsqueda de los derechos que resignaron silenciosamente al ser cómplices de la discrecionalidad que caracterizó a estos últimos años de Gobierno, donde aquellos que se arrodillaban frente al poder central y sus caprichos pasaban automáticamente a ser parte de la “fiesta” y se beneficiaban del derroche sin control de los fondos públicos.
Desde los inicios de la democracia moderna en nuestro país, nunca existió un esquema de Gobierno tan centralista, porque se diseñó un estricto modelo unitario con premios y castigos, con chequera o látigo según la ocasión, para construir una pirámide de poder con vértice en la Casa Rosada. Parafraseando al propio Néstor Kirchner, tanto él como ella dejaron los principios y los valores del federalismo en la puerta de la Casa de Gobierno.
En lugar de preparar el camino del enfrentamiento judicial, los gobernadores deberían entender que el nuevo Gobierno surgido de las urnas hace poco días da constantemente señales del diálogo, búsqueda de espacios comunes y de regreso al consenso como herramientas fundamentales de construcción política. No desaprovechemos por mezquindades coyunturales esta nueva oportunidad, porque la verdadera audacia será la de construir un nuevo esquema de coparticipación federal más justo y realista, para cumplir así con el espíritu y el mandato de la Constitución Nacional y las leyes.