Con su reciente aprobación en un plenario de comisiones de Deportes y de Presupuesto y Hacienda, el aggiornamento de la ley nacional del deporte n.° 20.655 y un paquete de propuestas orientadas a promover la actividad se encaminan a concretarse.

La iniciativa, impulsada por el diputado del Frente para la Victoria (FPV) Mauricio Gómez Bull, apunta a la reforma de los estatutos de las asociaciones deportivas para democratizar la toma de decisiones, la descentralización del deporte de alto rendimiento mediante la creación de direcciones regionales, la modernización de las estructuras deportivas del Estado con sentido federal y la creación de la denominada asignación universal por deporte (AUD).

Este nuevo subsidio, que se asociaría a la asignación universal por hijo (AUH), apunta a cubrir las cuotas sociales de clubes, escuelas deportivas o polideportivos, con el fin de garantizar el acceso de aquellos con menos posibilidades de hacerlo.

El proyecto original del oficialismo también establecía la creación de un ente nacional de desarrollo deportivo (Enaded), financiado con base en la afectación impositiva de productos de consumo masivo que interfieren con la salud de la población. Puntualmente, los autores del proyecto preveían incorporar una carga fiscal al tabaco (1,5 % de la venta de cigarrillos), al alcohol y a las bebidas gaseosas (0,45 centavos sobre el precio total de venta al público).

La propuesta incluso había recibido el beneplácito del titular de la Comisión Nacional de Drogadependencia de la Comisión Episcopal Argentina, el padre José María “Pepe” Di Paola: “Que millones de chicos puedan practicar deportes en el país tres veces por semana en un club o en una parroquia es la mejor prevención para todas las adicciones en los jóvenes que estamos sufriendo”.

Sin embargo, debido a la férrea negativa de algunos diputados del FPV y de la oposición (en su mayoría, representantes de provincias vitivinícolas o tabacaleras), el oficialismo decidió eliminar el pretendido financiamiento para no frenar el espíritu del proyecto y debatir este apartado por separado. De este modo, además de recortar prematuramente los fondos del Enaded, también quedó trunca la posibilidad de aplicar una valiosa herramienta preventiva a la cual me he referido en columnas anteriores: la utilización de la fiscalidad correctiva como forma de limitar y desalentar el acceso a ciertas sustancias nocivas.

Hace años que la Organización Mundial de la Salud (OMS) viene instando a la adopción de estrategias para combatir el uso excesivo de alcohol y del tabaco mediante el incremento impositivo y la regulación publicitaria. Más si se tiene en cuenta que este tipo de impuestos, que algunos pretenden interpretar como una estrategia meramente recaudatoria, apunta a desincentivar el consumo de ciertas sustancias por el daño que causan a la salud y el consecuente impacto sobre el sistema público-privado de atención médica.

Resulta sumamente extraña la posición de los diputados que rechazaron el financiamiento del Enaded bajo el argumento del impacto fiscal sobre las economías provinciales. Porque si de tributos se trata, Argentina es uno de los países con la carga impositiva sobre bebidas alcohólicas más baja a nivel mundial. Por ejemplo, el vino tiene un tipo cero en el gravamen sobre bebidas alcohólicas (algo que no sucede en otros países viticultores). Las cervezas tributan en concepto de impuesto interno una tasa del 8 % sobre la base imponible respectiva, muy lejos del promedio mundial de 42,6 %. Con respecto a los destilados y los licores, la carga impositiva también es relativamente baja en comparación con otros países: 20 % contra 73,9 % de media.

Por otra parte, es necesario resaltar que desde el 2005, las bebidas espumantes gozan de una importantísima exención impositiva. Esto impacta positivamente en las cifras de consumo del mercado interno y en las exportaciones. Es más: el Instituto Nacional de Vitivinicultura registró una variación positiva del 166 % en la venta de vinos espumantes entre 2002 y 2012. Entre 2014 y 2015, el crecimiento en el consumo interno fue del 7 %. A priori, el encarecimiento de 0,45 centavos sobre cada botella no parece representar una sentencia de muerte a este pujante sector.

En lo que respecta al tema de las bebidas no alcohólicas, es interesante observar lo que sucedió en otros países que avanzaron en un sentido similar. En México, como parte del paquete de medidas lanzadas desde la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes a fines de 2013, la reforma hacendaria que entró en vigor el primer día del mes de enero del 2014 incluyó un impuesto del 8 % en alimentos calóricos y un 10 % en bebidas azucaradas (gaseosas, jugos y otras).

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Carolina del Norte y el Instituto Nacional de Salud Pública mexicano, el consumo de bebidas azucaradas cayó en promedio un 6 % durante el 2014 y alcanzó su mejor resultado en diciembre, cuando el desplome fue del 12 %. Así y todo, frente al catastrófico escenario de una contracción del mercado, la principal empresa embotelladora del país aplicó una estrategia corporativa integral que le permitió reducir el impacto comercial del impuesto a menos de la mitad (3,9 %) de lo que estimaban los especialistas (8 % al 13 %).

En el caso del tabaco, y aunque desde hace algún tiempo ya se aplica el criterio de fiscalidad correctiva, lo que se recauda en función de los impuestos a la venta apenas llega a cubrir el 50% del costo sanitario asociado. En 2014, según un informe del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), el sistema sanitario público y privado necesitaba unos 24 mil millones de pesos para atender las complicaciones causadas por el consumo o la exposición pasiva al humo de tabaco, más del doble de lo que el Estado recauda anualmente en concepto de impuestos a los cigarrillos (unos 10 mil millones de pesos).

El informe también indagaba en cómo impactaría un potencial aumento del 50 % sobre el precio de los cigarrillos. Solo en la Argentina, el consumo disminuiría un 15 % y morirían hasta 3200 personas menos por año por las enfermedades que provocan el consumo y la exposición al humo de tabaco.

Más grave aún es hacer notar que a una década del Convenio Marco para el Control del Tabaco impulsado por la OMS, considerado el primer tratado de salud pública internacional y suscrito por el 90 % de los países del mundo, Argentina aún no lo ha ratificado. Es el único en Latinoamérica en no hacerlo.

Frente a la contundencia de las cifras y los argumentos, la retórica monetarista-individualista no puede tener cabida en el marco de un Estado de bienestar, que necesita sustentar su base recaudatoria para poder ampliar políticas inclusivas y sociales fundamentales. Cuando está en juego el desarrollo de actividades físico-recreativas, la igualdad de oportunidades de acceso, el cuidado de la salud y la prevención del uso de drogas, argumentar en torno al supuesto impacto fiscal sobre las economías provinciales raya lo mezquino.

Los lobbys no entienden de vulnerables ni de postergados. Las políticas públicas, especialmente las de corte social, no pueden no hacerlo. Desmerecer el formidable rol inclusivo del deporte en defensa de intereses privados es voltear la mirada hacia las recetas de una década no tan lejana, y hacia la cual muchos argentinos ya no desean retornar.