El crimen que más lastima la seguridad individual en estos tiempos es el ataque con armas de fuego. El desapego evidenciado por los delincuentes a la integridad física de sus víctimas, sobre las cuales descargan sus armas sin razón, incrementa día a día la nómina de heridos y muertos.
No resulta difícil advertir que la fórmula que hace posible este resultado consiste sencillamente en la reunión de los dos elementos que integran la conjunción peligrosa: el sujeto y su intención criminal; y el objeto letal, el arma de fuego. Dicho esto, la solución parece sencilla: los separamos y se acabó el problema. Y es así, aunque nada fácil. Este debe ser el objetivo a perseguir, divorciar las armas de aquellos que buscan poseerlas para emplearlas como instrumento para delinquir. En otras palabras, promover un divorcio necesario.
Lo primero a considerar es la posibilidad de suprimir a alguno de los dos términos de la fórmula de peligro de que hablamos. Creo que esto es posible respecto de los dos, aunque parcialmente en ambos casos. Y digo parcialmente ya que, como es obvio, nunca dejará de haber delincuentes y siempre estarán las armas entre nosotros. Se trata entonces de pensar en los mecanismos y procedimientos que nos permitan incidir del modo más eficiente posible sobre la población proclive al delito violento con armas por una parte, y sobre el stock de armas y municiones de que pudieran llegar a servirse para cometer sus crímenes por la otra.
Veamos lo relativo al sujeto. La mayor dificultad se presenta con el delincuente primario –incluyo a los menores de edad no punibles- cuyo debut delictivo se hace mas difícil anticipar. Sin embargo, una inteligente y bien dirigida recopilación de datos permitiría conformar estadísticas que, correctamente leídas, proporcionarían la información necesaria para actuar sobre las poblaciones de mayor riesgo, brindándoles la asistencia necesaria y oportuna para desincentivar su proclividad al delito. Menos complicado resulta en cambio encontrar caminos –vía régimen de excarcelaciones- para un mejor control del delincuente reincidente en delitos con armas de fuego, cuyo récord criminal ofrece por sí la información necesaria y suficiente para sustraerlo del escenario social donde su presencia resultaría letal. Desde ya que mejorar la performance en este terreno requiere una profunda revisión y modificación de la dañina doctrina garantoabolicionista que todavía hoy prevalece, y que constituye parte relevante del problema a resolver.
En cuanto a las armas, se trata de extremar los esfuerzos dirigidos a lograr su adecuado control. Esta restricción que no se limita solo a las armas legales, sino también y fundamentalmente a las ilegales, que no se esta haciendo como conviene. Según se ha visto, el grave problema de seguridad que nos afecta proviene de la posesión de armas de fuego por parte de quienes las emplean para delinquir. Vale decir que las armas debidamente registradas y en manos de ciudadanos de honestidad comprobada no son un riesgo para la seguridad pública. Este control es eficiente y deberá continuar siéndolo.
A lo dicho, se suma la campaña de entrega voluntaria de armas por parte de quienes han decidido desprenderse de las mismas, lo cual si bien es importante y suma al proceso de eliminación de las armas proliferantes, no resulta suficiente para el proceso de recuperación de las armas ilegales, que son las registradas o no en manos de quienes no están autorizados para su tenencia, y que integran uno de los factores de la fórmula letal cuyo divorcio se impone.
El control de las armas ilegales es responsabilidad de las fuerzas policiales y de seguridad que, mediante las labores de inteligencia necesarias, deberán detectar las fuentes de aprovisionamiento de la delincuencia y lograr su incautación antes de que sean empleadas, y no después de que hayan ocasionado daño. Asimismo, deberán extremarse las medidas de seguridad y resguardo de depósitos y arsenales para evitar las pérdidas de armas y municiones, como también individualizar a los funcionarios infieles que lucran con las mismas. Una buena política que integre los objetivos principales esbozados –más los derivados-, constituirá una eficaz herramienta para lograr el divorcio necesario del que venimos hablando.