La ESMA, ¿propiedad de la señora de Carlotto?

Jorge Enríquez

El lunes 15 de febrero, el presidente Mauricio Macri, sin previo aviso, recorrió por la mañana, junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Justicia de la nación, Germán Garavano, las instalaciones del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, en el predio que ocupara la ESMA. En ese lugar, participó, además, de la reunión de gabinete del Ministerio de Justicia. Increíblemente, esa visita fue duramente reprochada por dirigentes kirchneristas y de izquierda.

Así, entre otros, Gabriela Cerruti habló de marketing y sostuvo que no podría estar allí Macri por sus vinculaciones con la dictadura. Myriam Bregman, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, dijo que Macri quería convertir a la ESMA en un monumento a la reconciliación y “volver a imponer la nefasta teoría de los dos demonios”.

Cynthia García, la desopilante panelista de 678, lo acusó de haber ido y no pedir perdón ni generar un hecho político. Estela de Carlotto, por su parte, dijo que la visita hirió su sensibilidad, como si ella fuera la dueña del predio donde funcionaba la ESMA.

Todo se entronca en una premisa que ya hemos comentado y sobre la que será necesario volver muchas veces: que el Gobierno de Macri es ilegítimo, pese a haber sido elegido limpiamente por la mayoría de los argentinos.

Esa supuesta ilegitimidad se funda en varias falacias que se machacan incansablemente. Una de ellas es que Macri fue parte de la última dictadura militar. Que esa afirmación sea tan ridícula como que ignora la edad de Macri, que en 1976 era un adolescente, no parece detener a los calumniadores.

Macri no integró el denominado Proceso de Reorganización Nacional. Tampoco lo apoyó ni habló después bien de él, como sí lo hizo el candidato presidencial del Frente para la Victoria. No solamente eso: jamás en su actuación pública hizo nada en contra de los derechos humanos y sí propició, como jefe de Gobierno porteño, muchas acciones en favor de esa causa, que no está escriturada por nadie, sino que corresponde a todos los argentinos.

En todo caso, es curioso que algunos den lecciones de derechos humanos y pretendan determinar quiénes pueden hablar y quiénes no de esa cuestión cuando sus orígenes políticos se dieron en agrupaciones totalitarias o subversivas que tomaban a los derechos humanos como un pasatiempo burgués y que exaltaban regímenes que torturaban y mataban adversarios políticos sin los menores escrúpulos por el debido proceso y otros principios constitucionales.

La enorme mayoría de los argentinos lo sabe, pero conviene no dejar pasar estas mentiras, porque, como lo sabía el siniestro Joseph Goebbels, de tanto repetirse una mentira, algo queda.