Por: José Cruz Campagnoli
Mauricio Macri decidió este jueves dar marcha atrás con el aumento de la tarifa del subte previsto después de que su gobierno (Sbase) subiera la tarifa técnica de la red un 37 por ciento, llevándola de $7,47 a $10,26 pesos. La determinación del jefe de Gobierno porteño de congelar la suba obedece a dos posibles motivos: no quería pagar el costo político en medio de su campaña presidencial para 2015 o los números de esa tarifa técnica estaban tan inflados que hacían que su planteo fuera inverosímil. Creemos que es un poco de las dos cosas.
Pero esta decisión es circunstancial y no hay que bajar la guardia, sobre todo teniendo en cuenta que los aumentos en los servicios durante la gestión macrista ya no resultan novedosos. En 2012 el Gobierno de la Ciudad incrementó el valor del boleto del subte un 127 por ciento, llevando su valor de 1,10 a 2,50 pesos. Es el aumento anual más alto en los últimos veinte años. A su vez, en 2013 la tarifa volvió a aumentar, aquella vez a 3,50 pesos, y este año alcanzó un valor de 4,50. Nos preocupa que desde que Macri se hizo cargo del subte, a principios de 2012, el precio del boleto aumentó 309 por ciento, una proporción que resulta ampliamente superior a cualquier índice de inflación, incluso a los más catastrofistas. Como demuestra este caso, los aumentos son una constante y dejan en evidencia una vez más que la decisión política del Jefe de Gobierno es que el servicio lo utilicen sólo aquellos que tienen la capacidad para pagar una tarifa cada vez más cara.
Frente a esto, tenemos que revertir la idea que propone el PRO de hacernos creer que el transporte es una mercancía. El transporte es un derecho y por lo tanto hay que trabajar para que sea accesible para el conjunto de la población. En la actualidad está fuera de discusión y resulta prácticamente obvio que nadie está obligado a pagar por ir a la escuela o por recibir atención médica si tiene algún problema de salud. Esta ya es una conquista de la sociedad argentina. Ahora bien, con el transporte debería pasar lo mismo, porque es profundamente injusto que parte de la sociedad no pueda utilizar el subte porque no le alcanza para pagar el boleto.
Por otro lado, un subterráneo de calidad ayudaría a descongestionar los graves problemas de tránsito que la Ciudad de Buenos Aires enfrenta a diario. Cuantas más líneas de subte haya, con más estaciones, con mejor frecuencia y tarifas más baratas, más se desincentivará el uso de automóviles durante la semana. Las ciudades del mundo con las que Macri gusta compararse son las que más redes de subte tienen. Madrid, por caso, cuenta con la misma cantidad de habitantes que Buenos Aires y tiene una red de subte de 150 kilómetros: tres veces más extensa que la nuestra. Y en estos años el Jefe de Gobierno ha extendido poco y nada nuestra red.
En marzo de este año, junto a legisladores del interbloque del Frente para la Victoria, presentamos un proyecto de ley para la implementación de una tarifa social por la cual trabajadores de la salud y de la educación paguen únicamente el 40 por ciento del valor del boleto del subte; y para que, a su vez, queden exentos de pagar trabajadores no registrados o que cobren el salario mínimo, beneficiarios de planes sociales, jubilados, pensionados, estudiantes de escuela pública y estudiantes becados de escuelas privadas. El proyecto, sin embargo, ni siquiera ha sido puesto en temario por los representantes del PRO en la Legislatura.
Pensamos que en lugar de aumentar el precio del boleto para los usuarios o subsidiar la tasa de ganancia de una empresa, los porteños debemos pensar al transporte desde un enfoque social e inclusivo. Debemos bregar por un transporte que nos resulte cómodo, que tenga mejor frecuencia, que nos permita recorrer nuestra Ciudad desde todos los puntos y que sea accesible.