Por: José Cruz Campagnoli
En estas últimas semanas, la desfinanciación del Hospital Garrahan por parte del Gobierno de la Ciudad se coló en la agenda pública y se transformó en un una clara muestra de la tendencia al ajuste y al corrimiento del Estado porteño de sectores clave.
El financiamiento del Garrahan se realiza conjuntamente entre la Ciudad y la Nación desde el año 1989, cuando, a través del decreto 815, ambas jurisdicciones se comprometieron a aportar el 50 por ciento cada una. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad ha incumplido con la obligación de realizar su aporte en cinco de los ocho años de gestión macrista.
Los trabajadores del hospital comenzaron a denunciar el incumplimiento del Pro y pusieron en evidencia que a partir de 2014 el Ejecutivo porteño no sólo incumplió, sino que profundizó la desfinanciación. En 2014 no aportaron el 14% de los fondos comprometidos ($126.000.000 de un total de $900.000.000) y la proporción se elevó durante este 2015 al 25% (más de $340.000.000 de un total de los $1.324.000.000 comprometidos). Es decir que sumando estos dos años, el Gobierno de la Ciudad no ha transferido más de $467.000.000 que debía enviar, totalizando una deuda de $550.000.000 desde 2008 a la fecha.
Entre los argumentos utilizados para defenderse, Horacio Rodríguez Larreta eligió responsabilizar a los trabajadores por no adaptarse al ajuste. El propio Macri y otros funcionarios del Pro fueron más allá: expresaron que no deberían financiar al Hospital ya que la mayoría de sus pacientes no son porteños, como si la salud pública tuviera que quedar restringida a razones jurisdiccionales. Una barbaridad.
Para nosotros, la salud pública no sólo debe ser gratuita y de excelencia, sino también incondicionalmente universal. Pero aun con la lógica mercantilista que utiliza el Pro, este último pretexto se basa en una curiosa omisión. En efecto, así como el Gobierno de la Ciudad financia el 50 por ciento del presupuesto de un hospital cuyos pacientes no son, en su mayoría, porteños; los ingresos que la jurisdicción percibe tampoco son generados únicamente por porteños. Por caso, la Ciudad recaudó en 2014 más de $40.000 millones a través del impuesto por ingresos brutos (el cual representa, a su vez, el 63% del total de los ingresos percibidos por la Ciudad). Dicho impuesto se nutre del aporte del conjunto de los trabajadores que se desempeñan en la Ciudad; y de ese total, el 48% vive en el Gran Buenos Aires. En resumen, una proporción muy importante de los ingresos que percibe el Ejecutivo porteño es generada por las mismas personas a las que Macri pretende cobrarles la atención en el Garrahan.
La Ciudad de Buenos Aires tiene el centro de salud público pediátrico más importante de Argentina. El Garrahan atiende casi el 40% de los casos de cáncer pediátricos del país. Allí se realizan el 60% del total de los trasplantes pediátricos y el 80% de los hepáticos. Con la decisión política del desfinanciamiento, el Pro pone en riesgo la calidad y la prestación de servicios de un centro de excelencia.
Además, el desfinanciamiento del Hospital Garrahan se inscribe en el marco de una política general de abandono presupuestario de la salud por parte del PRO. En efecto, el macrismo ha disminuido la porción del presupuesto destinada a tal área, del 22,18% del total en el año 2010, al 18,18% en 2015.
Resulta obsceno que el Ejecutivo porteño aduzca falta de presupuesto para el Hospital y destine partidas millonarias para Niembro, para pautas publicitarias fantasmas y empresas de amigos que llamativamente son adjudicatarias de las contrataciones directas por montos exorbitantes.
El acuerdo transitorio al que llegaron los trabajadores con el Gobierno de la Ciudad fue producto de la movilización de toda la comunidad del Garrahan. En definitiva, la lucha de quienes conciben a la salud como un derecho básico inalienable y como uno de los derechos que el Estado debe defender y garantizar es el único dique de contención para evitar futuros atropellos y restablecer el 100 por ciento de financiamiento por parte del gobierno porteño.