Nadie es responsable

Julio María Sanguinetti

Cuando el Frente Amplio se hizo cargo de la Intendencia capitalina, se agravó el tema de la basura hasta un punto en que pasó a ser una problemática endémica. Por supuesto, la responsabilidad se arrojaba sobre el pasado. Luego lanzaron la enternecedora explicación de que había más basura por el progreso social del país. El hecho es que ha pasado un cuarto de siglo y el nuevo intendente, Daniel Martínez, tiene que montar un operativo excepcionalísimo ante una crisis generalizada de la limpieza montevideana. Se pone una efímera cataplasma, pero el tema sigue pendiente, mientras se dan confusas explicaciones sobre falta de camiones y otras carencias.

En la seguridad ciudadana, todo el mundo es responsable, salvo quienes tienen que asegurarla. Y lo peor es que esta tesis ha llegado hasta la Justicia, porque un tribunal ha establecido la corresponsabilidad de la sociedad en un delito de rapiña. O sea que los delincuentes no son los exclusivos responsables de sus actos. Aparentemente, seríamos todos, la gente que trabaja de sol a sol, los maestros que no pudieron encausarlos, todos…

El Ministerio del Interior ha resuelto que no entra más a los estadios de fútbol. No hay duda de que el Estado es el responsable del orden público, y en un espectáculo público masivo, más que nunca. Desde hace años, sin embargo, se instaló la práctica viciosa de pagar por la presencia de la Policía. Ahora se la aleja de esa responsabilidad y se les impone a los clubes el elevadísimo costo de una seguridad privada que carece de facultades para detener a alguien o “cachearlo”. Se observó en el reciente partido clásico, donde un grupo trepó un alambrado y se fue a otra tribuna. El episodio fue menor, pero si hubiera sido mayor, se miraría impasible la situación, sin que nadie haga nada. Es más: la ausencia de policías es todo un estímulo para los grupos de inadaptados —pequeños grupos, por otra parte— que toman el deporte como escenario para su psicología enferma.

En materia económica ni hablar que durante años se empleó el discurso demagógico y facilongo de que el Frente Amplio tuvo que asumir el gobierno con un país en crisis. Los hechos dicen lo contrario y así lo reconocieron el propio Dr. Tabaré Vázquez y el ministro Danilo Astori cuando, en la rendición de cuentas correspondiente al año 2004, con su firma, establecieron que, pasada la crisis, el país estaba en franca recuperación. Lo que es objetivo, porque en 2003 ya había vuelo a crecer un 2,5 y 10,5 en 2004. Luego vino desde el exterior la formidable bonanza de 2004-2012 y el Frente Amplio se ufanó del éxito de su crecimiento: este no era un regalo de los mercados, sino su exclusivo mérito. Ahora estamos estancados y es al revés: nada tiene que ver el Gobierno, sino el exterior.

La verdad es fácil de observar: en la expansión de los años de la bonanza, el mérito fue del exterior. En la caída de ahora hay sin duda una explicación en ese mismo mercado mundial, pero una gigantesca responsabilidad del Frente Amplio por haber despilfarrado los excedentes del buen momento, seguir aumentando su deuda externa y quedar ahora sin instrumentos para enfrentar una bajada de precios, que es importante pero no crítica.

El colmo de la tesis de la irresponsabilidad oficial lo ha aportado estos días el senador Rafael Michelini cuando, a raíz del penosísimo accidente en el hogar de ancianos del barrio Atahualpa, afirmó que era un coletazo de la crisis de 2002. Catorce años después, la responsabilidad de no poder controlar las condiciones de seguridad de los residenciales de adultos mayores es de la crisis y el Gobierno de la época. Sería un buen chiste si no se tratara realmente de una tragedia, que merece otro respeto, como también lo merece una opinión pública a la que no se le puede hablar de ese modo. El Gobierno no controla los hogares y la responsabilidad es de la situación económica de hace catorce años.

Lleva ya mucho tiempo el Frente Amplio queriendo eludir sus responsabilidades con asombradas declaraciones con cara de “yo no fui”. Está en su tercer mandato y su argumentación es cada vez más inconsistente. La opinión pública va comenzando a entenderlo.