El lunes finalmente se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sobre la cuestión de la deuda argentina. Esta, contra la mayoría de los pronósticos, desistió de tratar el tema y puso en aprietos a la ya alicaída economía argentina.

Como era de esperarse, el Poder Ejecutivo salió a denunciar públicamente de extorsión la sentencia del juez Thomas Griesa, la cual oportunamente fue avalada por la Cámara de Apelaciones y esta semana fue ratificada por la Corte Suprema.

El pronóstico de los mercados era que si finalmente salíamos “mejor parados” y comprábamos un poco más de tiempo para llegar al 2015, estábamos en el mejor de los paraísos y así, con este alargue, casi como un gol de oro, caducaba la cláusula de garantía Rights Upon Future Offers (RUFO) que incluían los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010. En este escenario, se podría haber encarado una negociación con los holdouts independientemente de lo acordado con quienes entraron a los canjes anteriores.

Sin embargo, esto no sucedió, y la decisión de la justicia estadounidense cayó sobre los mercados como un “baldazo de agua fría”. Ya con las cartas sobre la mesa, debe analizarse más a fondo qué es la cláusula RUFO y como el hecho de que esté incluida en los bonos emitidos por el Tesoro Nacional hoy nos juega en contra.

Esta clausula tiene sus orígenes en 1976, año en el que el gobierno nacional sancionó la Ley N° 21.305, cuyo único artículo habilitaba a prorrogar la competencia territorial argentina “a favor de jueces extranjeros”, constituyendo el primer precedente de renuncia a la soberanía jurídica. En 1981 la Ley N° 22.434 ratificó la anterior.

Esta renuncia a la soberanía jurídica se aplicó en la emisión de los bonos en default en manos de los holdouts y en los sucesivos canjes de 2005 y 2010.  Oportunamente, la excusa para subordinarse a una justicia extranjera fue la de “brindarle seguridad jurídica a los inversores” o a los “tenedores de estos bonos”.

El fallo Griesa de la justicia de Nueva York, el de la Cámara de Apelaciones y la situación planteada por la Corte Suprema de no atender el “caso argentino” muestra lo equivocados que estaban quienes imaginaban que la justicia de esa ciudad era confiable en términos de los intereses del país.

Tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, los fondos buitre buscan forzar un default técnico para activar el cobro de los seguros contra cesación de pagos de la deuda argentina en los que invirtieron, y obtener así el pago del 100% de lo adeudado.

Asimismo, la cláusula RUFO que da a los bonistas el derecho de beneficiarse con mejoras a lo ofrecido en los canjes vence en diciembre de 2014. Esta asegura que si Argentina le ofrece a los fondos buitres mejores condiciones que las que ofreció a los bonistas que ingresaron en los canjes del 2005 y 2010 (alegando razones de necesidad en el momento de su aceptación), estos también pueden iniciar los reclamos para beneficiarse de las mismas. Esto implica “tirar por la borda” toda la quita pactada en los canjes previos, donde se logró que la mayoría de los tenedores de bonos en cesación de pagos ingresaran al canje.

Por lo tanto, la deuda que se busca negociar “contra-reloj” con Griesa y los abogados de los buitres no sólo incluye los 1.330 millones de dólares más intereses que estos exigen, sino que podrían sumarse unos 15.000 millones adicionales si los bonistas que canjearon optan por iniciar sus reclamos.

Y si bien el país no puede hacer frente al escenario originado por la inclusión de la cláusula RUFO en los bonos emitidos, el Poder Ejecutivo no hace más que enviar “malas señales”, complicando aun más el panorama.

El miércoles el juez Griesa manifestó sobre los dichos de Cristina Fernández de Kirchner no dan “confianza de un compromiso de buena fe para pagar todas las obligaciones de la Argentina”. Además, dijo que las palabras de la Presidenta son “un problema” para lograr un acuerdo con los holdouts que evite un default. Asimismo, planteó que presentará una orden que establezca que la propuesta del ministro de Economía Axel Kicillof de abrir un nuevo canje de deuda bajo ley argentina, viola sus decisiones previas.

Hoy por hoy el panorama de Argentina es sombrío, y todos los avances que se habían logrado en término de negociaciones internacionales en pos de volver a los mercados de crédito, que permitan al país financiarse y dar lugar a una transición ordenada, han sido en vano luego de este revés.

La inclusión de la cláusula RUFO que en su momento pretendió “otorgar seguridad jurídica a los inversores” hoy podría asestar un golpe fatal al país y volvernos a hacer caer en cesación de pagos, dejando atrás todos los logros de los últimos años en materia de desendeudamiento. Parte importante de este revés, sin embargo, se debe a la actitud de los representantes del Poder Ejecutivo.

 

(En colaboración con Eliana Scialabba)