Por: Mariano Carpineti
El impuesto a las Ganancias ha vuelto a ser el centro del debate en los últimos tiempos. Mucho se ha escrito, discutido y hasta propuesto acerca de este impuesto, focalizándose en el impacto del mismo sobre los trabajadores. Sin embargo, estos no son los únicos agentes económicos afectados por este: existen otros agentes que a lo largo de estos años han venido soportando esta carga impositiva.
Muchos técnicos afirman que todo se origina con la inflación. El aumento de impuestos que se da en el país desde hace un tiempo, genera estragos importantes en las empresas. Para ellas, con el simple hecho de mantener mercadería en stock, el aumento de la base imponible sobre la que se calcula el impuesto, produce un fuerte impacto negativo: de esta forma, para las empresas el problema no es el aumento de los mínimos imponibles del impuesto a las Ganancias, sino de un concepto contable denominado “ajuste por inflación”.
Básicamente, las empresas esgrimen que tienen “ganancias ficticias”, lo que no implica una mejora en los resultados económicos de las empresas, sino que estas ganancias se deben a la revaluación del stock, debido al incremento en los precios de las mercaderías.
Hace unos días, una importante empresa de la zona sur del conurbano bonaerense me planteaba el siguiente ejemplo: “Tengo 10 productos en stock que valen $ 10 cada uno, es decir, tengo $ 100. Al año siguiente, tengo los mismos productos, pero ya no valen $ 10, sino $ 13, es decir que tengo $ 130”. ¿Es justo pagar Ganancias por una “ganancia” exógena a la actividad de la empresa?
Este problema no es nuevo. Muchas empresas pensaron que tras la finalización del plan de la paridad cambiaria en 2002, y ante la reaparición de la inflación, que se iba a volver al ajuste por inflación de los estados contables.
Cabe recordar que durante la época del entonces presidente Carlos Menem, se prohibió dicha práctica con la Resolución General I.G.J. 8/95, la cual se ratificó con el Decreto 664/03, basándose en la ley de Emergencia Económica de enero de 2002, la cual prohibió cualquier tipo de actualización monetaria y obligó a presentar los estados contables en moneda homogénea.
Durante el año 2003, diversas reuniones se llevaron a cabo en entre especialistas en materia fiscal. Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y representantes de las empresas aconsejaron al Ministerio de Economía “implementar de manera urgente un método que permita una adecuada medición de los resultados fiscales” y la utilización del Índice de Precios Internos por Mayor (IPIM) como base de actualización
Sin embargo, pasaron más de diez años y la solución aún no llegó: las empresas siguen tributando impuestos ficticios que se generan en “ganancias” explicadas más por el aumento de precios que por mayor volumen de transacciones. Muchos empresarios esperan un cambio ante la posibilidad de un nuevo gobierno a partir de diciembre de 2015, pero el tema no parece estar en la agenda de los candidatos. Haciendo una revisión de los proyectos presentados en el Senado y en la Cámara de Diputados, se observa que todos los proyectos presentados están orientados a mejorar la incidencia de este impuesto sobre los individuos pero no sobre las empresas.
De esta forma, la mayor tributaria sobre las empresas, muchas de ellas PyMES, ahoga aun más la delicada situación financiera que enfrentan. Menores volúmenes producidos y vendidos, con precios que aumentan por encima del 40% interanual, generan mayores erogaciones en concepto de impuestos a las Ganancias, en un escenario de caída de actividad.
En conclusión, el impuesto a las Ganancias debe ser íntegramente reformado, no sólo considerando a los trabajadores, sino también a las empresas. Sin embargo, desde el gobierno “patean para adelante” este problema que afecta el normal desenvolvimiento de la economía, ya que genera mes a mes crecientes recursos fiscales, necesarios de cara a un 2015 eleccionario.