“Ayer tiré un papel en la calle

y nadie hizo nada.

En Miami te meten 300 dólares de multa:

no es como acá”.

Luis Solari, el cantante que nunca viajó afuera pero le contaron

 

Chile y Uruguay muestran, es obvio, importantes diferencias con la Argentina en distintos aspectos. Se trata de países más pequeños en términos de población y económicos. En el terreno político y a diferencia de la mayoría de los países sudamericanos muestran un mayor nivel de institucionalización en sus prácticas políticas.

Algunas noticias ocurridas esta semana me llamaron la atención porque parecen indicar que, después de todo, no todo es distinto al otro lado de la cordillera ni del Río de La Plata.

Por un lado, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, comenzó a cumplir una de sus promesas de campaña, al poner en revisión el sistema de pensiones privado que rige hoy en el vecino país. Puntualmente, la jefa de Estado creó una Comisión Asesora que debe plantear una reforma al esquema actual. Justificó la medida por las “claras insuficiencias” en el actual sistema jubilatorio chileno, creado por la dictadura de Augusto Pinochet y que en su momento fue presentado por promotores de las reformas de mercado como un ejemplo para la región.

Bachelet aseguró que su gobierno está “iniciando un proceso fundamental de reflexión y de debate para que los chilenas y chilenos cuenten con un sistema de pensiones digno y adecuado a sus necesidades”. Y planteó hacerse “cargo de las claras insuficiencias” del actual sistema previsional.

La mandataria dijo que “las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han perdido credibilidad en la ciudadanía y su modo de funcionamiento merece ser analizado en detalle”.

Al mismo tiempo, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), Bárbara Figueroa, ya adelantó la posición de los gremios: salió a señalar que no comparte la propuesta de crear una administradora estatal que compita con las privadas, sino que exige que se cree “un sistema público de pensiones” donde “el Estado participe activamente para asegurarles a todos los que jubilen una pensión no menor al 70 por ciento de lo que estaban ganando al momento de jubilar”.

En tanto, en Uruguay es notorio cómo los candidatos de centroderecha que integran la oposición al Frente Amplio centran sus propuestas en temas vinculados con la inseguridad. Así, Jorge Larrañaga, precandidato del Partido Blanco, presentó el llamado “Plan Libertad”, con 60 ideas contra el delito. Entre ellas incluye, al igual que el líder del Frente Renovador argentino, Sergio Massa, la entrega de un “botón de alerta” a los hogares para permitir avisar a la Policía sobre hechos de inseguridad.

El postulante opositor reclamó también considerar como “agravante” los actos delictivos contra ancianos. En una declaración pública advirtió: “Cuando hablamos de mano dura (hablamos) de severidad ante la reincidencia y los delitos violentos. Es combate al narcotráfico grande pero también a las bocas de distribución minorista de drogas. Mano dura también es considerar un agravante más severo para la violencia contra los ancianos”.

A su vez, el precandidato colorado, Pedro Bordaberry, impulsa una propuesta de reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. El postulante oficialista Tabaré Vázquez salió a cruzarlo con fuerza: “A un joven de 16 años que atraviese la puerta de una cárcel de adultos lo primero que le va a suceder es que lo van a violar, lo van a ultrajar y lo van a educar para que siga viviendo toda su vida en delito”.

¿Un país sudamericano que comprueba que el sistema privado de jubilaciones tiene graves falencias? ¿Otro en el que la oposición de centroderecha hace eje de campaña en el tema de la inseguridad? En contra de lo que suele expresar un personaje de Diego Capusotto, habrá que decir ¡es como acá!