Como si fuera un déjà vu, la inflación ha vuelto a ser tanto la principal preocupación de los argentinos, como así también la principal patología de la macroeconomía nacional. La inflación no es más que la suba generalizada de precios de una economía, permanente y no estacional, que posee distintos efectos en la economía, la mayoría de ellos profundamente negativos.

Ante la inexistencia de una sola teoría integral que explique las causas de la inflación, la doctrina económica lo explica a través de distintos enfoques: el monetario, el distributivo, y el estructural. El enfoque monetario explica la variación en los precios de acuerdo con los aumentos de la oferta monetaria. Esto es, a mayor cantidad de dinero, mayor inflación. En nuestro país parece observarse el efecto monetario, toda vez que en diciembre del 2013 la base monetaria era de $361.580 millones y en diciembre del 2012 era de $292.138 millones, representando así un aumento del 23,8%.

Por otra parte, el enfoque distributivo se explica por la puja entre distintos sectores por incrementar su rentabilidad o su ingreso disponible. Aquí se incluye la puja entre los sindicatos por obtener mejor salarios, con la patronal que busca obtener mayor rentabilidad. En tanto que el enfoque estructural hace referencia a las distintas heterogeneidades estructurales, sea por factores institucionales, legales, estructuras de mercado, etcétera.

Ahora bien, tomándonos una licencia podría decirse que la inflación es como el colesterol: hay una inflación buena y una inflación mala. Existe una relación entre la tasa de inflación y la tasa de empleo, conocida como “Curva de Phillips”. La evidencia empírica demuestra que, bajo determinados supuestos, para mantener bajos niveles de desempleo, es necesaria una determinada tasa de inflación. A su vez, existe una relación entre el nivel de empleo y el crecimiento del PBI. De acuerdo a los estudios del economista Arthur Okun, el aumento del desempleo impacta negativamente en el PBI, empujando el producto a una caída.

De esto se deduce que a los fines de mantener altos niveles de empleo y crecimiento del PBI, con su correspondiente reducción de pobreza, es necesaria una determinada tasa de inflación.

Por otra parte, estudios realizados en los Estados Unidos por Gallup y el Bureau of Labor Statistics entre 1980 y 2002, demostró que en tanto la inflación se mantenga en números bajos -de un dígito-, no se constituía en el principal problema según la percepción de la gente. En tanto cuando la inflación superaba el 10% anual, comenzaba a escalar posiciones en el ranking de preocupaciones de la gente.

En nuestro país se observa algo similar. Durante los primeros años del kirchnerismo, con bajas tasas de inflación, las principales preocupaciones de los ciudadanos oscilaban entre la inseguridad, la salud y la educación. Mientras que en los últimos años, la inflación se instaló como la principal preocupación social.

Ahora bien, frente a este tipo de inflación, la cual puede ser prevista por los agentes económicos, se contrapone otro tipo de inflación, la cual acarrea serios problemas para la economía y surge cuando la misma no puede ser estimada. El principal efecto de este tipo de inflación es la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Cualquiera que haya ido últimamente al supermercado, o haya participado de cualquier otro tipo de intercambio comercial, sabe perfectamente de que se trata.

Otro efecto de este tipo de inflación es la distribución regresiva del ingreso. Esto se debe a que los sectores menos pudientes de la economía, los cuales destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo, deben cargar con el mayor costo de la inflación, en tanto que los sectores más pudientes, los cuales tienen capacidad de ahorro e inversión, pueden destinar parte de sus ingresos a instrumentos financieros o de otro tipo que les permite atenuar los efectos inflacionarios. Resulta irónico que un gobierno que se autodenomina progresista conviva con una inflación tan elevada.

Por otra parte, el efecto distorsivo de la inflación desalienta la inversión productiva, puesto que el proceso de toma de decisiones de los empresarios se torna más complejo al no contar con información fidedigna. Este proceso de desinversión no sólo genera una caída del producto bruto interno, sino que afecta negativamente el nivel de empleo dado que alienta que los recursos inicialmente previstos para inversión productiva se transfieran a inversiones especulativas, en búsqueda de rentabilidades que mantengan el poder adquisitivo.

De todo esto se puede inferir que existe una suerte de “inflación tolerable”, la cual permite un adecuado nivel de empleo y producción, a la vez que no constituye una importante preocupación social, ni afectaría una justa y progresista distribución del ingreso. Si bien es aleatorio establecer un número, parecería que esta “inflación tolerable” seria aquella que no supere un digito. De igual manera, existe una “inflación intolerable”, que es la que sufrimos en la Argentina, donde la suba de los precios supera ampliamente la prevista, y acarrea serias dificultades económicas.

Ahora bien, resulta claro que se debe buscar la forma de abandonar esta “inflación intolerable” en favor de la búsqueda de una “inflación tolerable”. Para ello, de implementarse un programa de estabilización, el cual debe ser integral, progresivo, y gradual, el cual debe contar necesariamente con las siguientes cinco medidas:

• En primer lugar, de la misma forma que no se puede curar una enfermedad sin contar con el diagnóstico adecuado, se debe recuperar un INDEC independiente y creíble, profesionalizado y despolitizado. De esta forma, se podrá contar con estadísticas serias que permitan a las autoridades monitorear correctamente la economía, y a los distintos agentes económicos poder realizar sus previsiones basados en información confiable.

• Se deberá reducir gradualmente la tasa de aumento de la oferta monetaria, evitando de esta manera el efecto inflacionario que produce el aumento de la cantidad de dinero.

• Seguidamente, deberá realizarse en forma anual un gran acuerdo nacional macroeconómico para anclar las expectativas inflacionarias, incorporando a todas las centrales obreras en conjunto con las distintas entidades patronales, para fijar pautas claras para las paritarias laborales. De esta forma, los trabajadores podrán tener un salario digno y estable, mientras que los empresarios tendrán seguridad en sus previsiones económicas.

• Asimismo, se deberá hacer una profunda revisión del gasto público improductivo, sin afectar aquel destinado a fines sociales, con el objetivo de recortar aquellas partidas que sólo beneficien a los sectores más pudientes.

• De igual manera, se deben establecer beneficios fiscales que incentiven la reinversión productiva de las utilidades. De esta forma se podrá aumentar la oferta de bienes y servicios en la economía que impactara a la baja en los precios.

Es de esperar que el resultado no se vea inmediatamente, sino en forma gradual. Pero urge comenzar rápidamente. Si el gobierno no aplica un plan de estabilización, los costos de hacerlo en el futuro serán sensiblemente mayores. Aún estamos a tiempo.