Por: Pablo Das Neves
Quizás sea por el frio y el viento (entre otras inclemencias climáticas), o por las largas distancias entre sus ciudades y los grandes centros urbanos. O quizás por haber sido el patio trasero de nuestro país durante tanto tiempo. Lo cierto es que la región patagónica lleva en su huella genética el trabajo y la rebeldía propia de aquellos a los que la vida no les regalé nada, sino que lo consiguieron con el genuino fruto de su esfuerzo.
Algo de esto aprendió de la peor manera el ex presidente Hipólito Yrigoyen, cuando la Patagonia rebelde dio paso a la Patagonia trágica, luego que el caudillo radical ordenara la represión a los obreros rurales que buscaban dejar atrás condiciones laborales miserables y que, ante cada presión, endurecían su posición. Si algo quedó establecido en aquella página oscura de nuestra historia es la férrea e inquebrantable voluntad de los pobladores de la región austral.
Algo de esto debería entender nuestra Khaleesi de Tolosa, Cristina Fernández de Kirchner, quien decidida a sancionar una nueva Ley de Hidrocarburos (no convencionales, claro está), olvida su condición de patagónica (por adopción) y hasta su título de abogada, ya que deja atrás el espíritu de la reforma de la Constitución Nacional y de la Ley de Hidrocarburos, paradójicamente sancionada esta última durante la presidencia de Néstor Kirchner.
¿Qué es lo que está en juego? Sin dudas, no es poco. El autoabastecimiento energético, la fuga de divisas, y el desarrollo sustentable de una región son los principales temas. El Gobierno, condicionado por sus propios y groseros errores, improvisa e impulsa una ley con el objetivo de seducir -para decirlo en términos diplomáticos- al capital privado internacional para explorar y explotar los cuantiosos yacimientos no convencionales en el territorio nacional. Para ello, hace concesiones (léase “entrega”) de potestades que son propias y exclusivas de las administraciones provinciales donde se encuentran dichos recursos.
La propuesta, de dudosa validez constitucional según el artículo 124 CN, en resumidas cuentas propone que las provincias cedan (léase nuevamente “entrega”) las potestades regulatorias al Gobierno nacional en materia de recursos naturales, para establecer este ultimo las condiciones de los pliegos de licitación, fijar impuestos y regalías bajos, o negar la participación en el negocio petrolero a las empresas energéticas provinciales. Con una mayoría automática en ambas cámaras, sumada a esa prepotencia política característica del kirchnerismo, la tarea de sancionar esta nueva ley debería ser un mero trámite.
Pero el Ejecutivo no contó con la creciente conciencia sobre la protección y defensa de los recursos naturales que floreció en los patagónicos. Representantes de todos los sectores políticos, empresariales, sindicales y sociales manifestaron su rechazo a la sanción de la nueva ley, y advirtieron que lucharan por defender sus potestades regulatorias sobre sus recursos naturales. Por el momento, bajo la cortina de una tensa calma, en Balcarce 50 analizan en la mesa de arena cuáles son los próximos pasos, porque se sabe que insistirán con el proyecto. Frente a ellos encontraran una poderosa resistencia social, donde no hay que desestimar la advertencia de los trabajadores petroleros de paralizar los yacimientos, medida que tendrá un fuerte impacto en la economía argentina.
De sancionarse la “Ley Cristina-Galuccio” sobre hidrocarburos no convencionales, nuestro país estará dejando de lado su condición de república federal al avanzar sobre las jurisdicciones provinciales. Los representantes legislativos de todas las provincias argentinas deberían tomar nota de esto y hacer una cerrada defensa de las autonomías provinciales. No solo por la Patagonia, sino en defensa propia. Porque no está de más recordar -y adaptar- algunas líneas del famoso poema atribuido a Bertolt Brecht: “Primero vinieron por los patagónicos, pero yo no me preocupe porque no era patagónico…”.