La noticia de la semana no fue la categórica victoria de Sergio Massa en el distrito electoral más importante del país. Tampoco fue la mejoría, respecto de las PASO, de los guarismos del oficialismo, que logró sostener a nivel nacional un para nada desdeñable 33%, a pesar de -o gracias a- la ausencia en la campaña de Cristina Fernández, por su estado de salud. Ni el relanzamiento formal de la candidatura presidencial de Mauricio Macri, ni los contundentes triunfos de Hermes Binner y Julio Cobos en sus sendas provincias fueron tampoco lo más destacado de la semana post-electoral. En lugar de permitirnos rumiar con tranquilidad el nuevo mapa político que se abre hacia el 2015, la vertiginosa realidad argentina nos enfrentó a un nuevo hecho de magnitudes institucionales y políticas.
A horas de haber concurrido a las urnas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad íntegra de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009 y cuestionada fuertemente desde entonces por el Grupo Clarín, destinatario real y preciso de la ley. Por cuatro votos (Lorenzetti, Zaffaroni, Petracchi y Highton de Nolasco) contra tres (Argibay, Maqueda y Fayt), se consideraron constitucionales los artículos de la ley referentes a la protección del derecho de propiedad de Clarín. Fayt votó en disenso sosteniendo, además, que la totalidad de la ley es inconstitucional. En su voto, dice que “una restricción que afecte económicamente a la empresa periodística es una afectación a la libertad de expresión”.
Enseguida, los más acérrimos oficialistas que ayer denostaban a la Corte porque era el único poder “no elegido directamente por el pueblo” y porque amenazaba con sus “fierros judiciales”, salieron a vitorear la medida. Desde la otra vereda, defensores de esta Corte, que loaron el revés de la pretendida ley de “Reforma de la Justicia”, comenzaron a criticar a los magistrados, concentrados en la figura de Lorenzetti.
La diputada Carrió revitalizó la fuerte denuncia que con antelación había hecho sobre un supuesto pacto entre el presidente de la Corte y la presidenta, en el que la moneda de cambio era la constitucionalidad de la ley de medios. La aprobación del nuevo Código Civil –redactado por el propio Lorenzetti–, la posibilidad de seguir manteniendo la caja del Poder Judicial, o la lisa y llana intimidación por parte de la AFIP, son los elementos que, separados o juntos, explican, según Elisa Carrió, el porqué de la decisión del presidente del máximo tribunal. Sin avalar -ni descartar- las teorías más extremas, cabe resaltar sin embargo que la oportunidad del fallo fue, cuanto menos, curiosa. El Poder Judicial es un poder del Estado. Y hace muchos años, la noción de Estado y de Gobierno se confunden en una misma cosa. No sorprendería, pues, la existencia de un puente entre la política y la más alta cumbre de la Justicia.
Un botón muestra que la Justicia también actúa siguiendo la política. El juzgado a cargo de la causa de Boudou estaba preparado para dictar sobreseimiento y declarar su inocencia cuando aconteció la masiva marcha del 8-N, en la que se reclamó atacar la corrupción. En ese contexto, decidieron invertir la medida, habida cuenta de las consecuencias que aparejaría. A partir de allí, la Justicia ha sido más rigurosa con quien hoy ejerce la presidencia.
¿Qué consecuencias jurídicas traerá el fallo? Creo que más allá del deseo del oficialismo, que está ansioso por ver los colores de señal de ajuste en TN, esto no será así en el corto plazo. La aplicación de la ley generará nuevos reparos, que a su vez generarán más dilación en los plazos. Paradójicamente, si el gobierno hubiera hecho bien su tarea durante estos cuatro años, dotando al AFSCA de una independencia que no tiene y haciendo cumplir la ley al resto de los grupos mediáticos, hoy le sería muy fácil obligar a Clarín a adecuarse. Como no lo ha hecho y la ley es en general, ficticia, la aplicación abrirá nuevos y diminutos frentes jurídicos de batalla.
Mientras tanto, la pregunta es qué piensa hacer la política. Massa, el protagonista postergado por este asunto, ha dicho que hay que cumplir la ley, pero advirtió sobre el mucho cuidado que tiene que tener el gobierno a la hora de aplicarla. Binner se expresó en un sentido similar. Por su parte, desde el PRO de Macri, plantearon la suspensión de la ley, dado que no están dadas las condiciones que la misma Corte recomienda en su fallo. ¿Cabe una reforma futura de la Ley de Medios en el nuevo Congreso? Muy difícil, aunque todavía es muy prematuro analizar esta posibilidad y dependerá -de nuevo- de cómo la aplique el gobierno. Cuanto más sensata, igualitaria y racional sea la aplicación, menos argumentos dará a Clarín y a la oposición para ponerse en contra. Pero si, como acostumbra, el oficialismo “va por todo”, es posible que nuevos obstáculos se alcen en su camino.
Luego de una década vertiginosa, donde cada semana se impuso un tema a “todo o nada”, los ciudadanos parecen elegir moderación de cara al futuro. Los ganadores de la última elección tienen este perfil. Que las acciones de las empresas locales hayan subido luego de la derrota del kirchnerismo, y el dólar blue haya bajado, es un dato que muestra el optimismo que trajo aparejado el cambio de timón. Asimismo, estas variables se invirtieron -cayeron acciones, subió el blue- luego del fallo de la Corte. Las empresas y los ahorristas entendieron que afectaba la previsibilidad y los derechos de propiedad. El mensaje de la sociedad puede interpretarse como una preferencia hacia la moderación y la estabilidad.