Por: Daniel Lipovetzky
Una Justicia independiente, el funcionamiento del sistema republicano, no es un lujo ni un reclamo excéntrico, incluso en un país donde mucha gente está debajo de las líneas de indigencia y pobreza, y mucha otra carece de cloacas. La falta de tal independencia es una deficiencia democrática, es el origen de la corrupción sin castigo, de las desigualdades sociales, del imperio del fuerte sobre el débil, porque es el Poder Judicial el que nos equipara y su independencia es requisito ineludible del cambio hacia el que vamos.
Dicho esto, no podemos omitir plantear el cuadro de situación actual. El juez de la Cámara de Casación, Luis Cabral, era uno de los tres miembros de la sala que debía definir la constitucionalidad o no del pacto con Irán, que la Cámara Federal ya tachó de inconstitucional. Cabral integraba la Casación en carácter de subrogante. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo, cuando no pudo nombrar jueces definitivos, adictos o funcionales, decidió designar jueces subrogantes, de modo que si sentenciaban distinto a los deseos oficiales eran fácilmente reemplazables por otro subrogante. El magistrado, en esas condiciones, carece de la estabilidad que la Constitución Nacional le otorga a un juez definitivo, es decir, “mientras dure su buena conducta”, dice la Carta Magna.
Sin embargo el kirchnerismo, no contento con ese manejo discrecional, sancionó mediante el Congreso Nacional, al que controla, una ley de subrogancias que establece que los juzgados vacantes deben cubrirse de modo opcional por magistrados del fuero o con integrantes de una lista de conjueces propuestos por el Ejecutivo y con acuerdo del Senado, lista armada con amigos del poder. Por supuesto, los consejeros de la Magistratura K prefirieron a estos conjueces amigos antes que a otros magistrados.
Con base en esa nueva ley, quitaron a Cabral de su cargo en Casación, cuando este ya había emitido su voto para declarar la inconstitucionalidad del memorándum con Irán y ratificar la decisión de la Cámara Federal.
Por otro lado, el oficialismo nacional fue también por el control del Ministerio Público Fiscal. Este “poder extrapoder”, definido así por los constitucionalistas, lleva la acusación en juicio en representación del pueblo. Cuando ocurre un robo, por ejemplo, el derecho considera que se ha producido un daño a la persona asaltada, que puede accionar contra el ladrón como “particular damnificado”, pero también entiende que se ha dañado a toda la sociedad. En representación de esa sociedad es que los fiscales llevan la acusación. Es claro que el Ministerio Público no es un instrumento del ajusticiamiento del gobierno a sus enemigos, como lo está usando el kircherismo.
Hace solo días, el Congreso dio sanción definitiva a una nueva ley de Ministerio Público Fiscal, con el único fin de concentrar poder en la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, de modo de condicionar al gobierno que asuma el 10 de diciembre. Ella tiene en su cargo la estabilidad de un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Para destituirla se requiere un juicio político y dos tercios de los votos de ambas Cámaras del Congreso.
Por ende, quien reciba el mandato popular debe cargar con Gils Carbó como procuradora general y además con todas las extraordinarias potestades recibidas por la ley sancionada hace días. Han transformado la representación en juicio de la sociedad en una monarquía indigna del sistema democrático y republicano, sin control, sin frenos ni contrapesos, un dislate solo comprensible dentro de la lógica de la búsqueda de impunidad y el desprecio total a las instituciones.
La impunidad es un mal gravísimo, porque también hace que la gente, por ejemplo, no tenga agua potable. No la tiene porque los recursos del Estado para infraestructura se pierden en los laberintos de la corrupción, y eso ocurre porque hay impunidad.
En síntesis, los que empujamos un cambio en la forma de hacer política, en la relación entre ciudadanos y circunstanciales gobernantes, en la cultura de que nada tiene consecuencias y por ende todo está habilitado, debemos asistir a la convocatoria del 7 de julio, que no es solamente en apoyo de Cabral, el magistrado que en este caso deja de ser un simple juez y pasa a ser un símbolo del cambio hacia el que debemos encaminarnos. Todos los que trabajamos por ese cambio estaremos el 7 julio en las escalinatas del Palacio de Tribunales, otro símbolo, pero del imperio de la ley.