Se equivocan de buena o mala fe los que tildan de guerreristas a quienes planteamos discrepancias y críticas sobre la manera como discurren las conversaciones de paz en La Habana.

De Perogrullo es aceptar que la inmensa mayoría de colombianos respondería positivamente la pregunta de si queremos o no la paz. Por tanto, debemos entender que el problema no está en el deseo, sino en los procedimientos, la metodología y los términos que se han empleado para alcanzar el objetivo, los cuales arrojan un amplio margen de descontento y desconfianza.

La opinión pública letrada y no letrada tiene, a estas alturas, suficientes elementos de juicio para procesar mental y políticamente todo lo que ha salido a flote en estos ya casi tres años de conversaciones.

Intentaré plasmar en una breve síntesis el punto de vista de quienes criticamos el proceso de La Habana, pero asumo yo mismo la responsabilidad por cualquier olvido, error o incongruencia y en el entendido de que no escribo en nombre de nadie ni en representación de alguien.

A pesar de que no nos gustó que el Gobierno hubiera iniciado este proceso sin exigir a las FARC un cese unilateral del fuego y de las hostilidades y de que se las hubiera igualado con el Estado, hoy en día, no obstante las dudas, el descontento y la desconfianza, creemos que es mejor seguir negociando que romper el proceso. Sin embargo, consideramos que es preciso acelerar la búsqueda de un acuerdo y establecer un límite temporal, sin descartar que pueda llegar a ser útil una suspensión temporal con el fin de que cada parte evalúe si se justifica seguir conversando.

Si la guerrilla está realmente por la paz, debe concentrarse en uno o pocos sitios bajo vigilancia internacional, sin entregar las armas antes de la firma de un acuerdo definitivo. Podría ser un paso irreversible hacia la paz.

Pensamos que la Constitución Nacional es el límite normativo de las negociaciones. Ello quiere decir que cualquier tema que suponga una reforma de este texto no debe estar sobre la mesa, pues eso es potestativo del constituyente primario y de las instituciones legítimas. Quiere decir, también, que los grandes temas de la agenda nacional no deben ser objeto de acuerdos con la guerrilla por cuanto son responsabilidad de Gobiernos electos y deben estar sometidos al debate político y a la lucha electoral.

Debe aceptarse que las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se incorporen a la lucha política y electoral solo después de la entrega de armas y luego de asumir la reparación de sus víctimas.

Hay acuerdo en que el modelo de justicia apropiado para resolver la situación colombiana es el de la justicia transicional, que consiste en juzgar y condenar a los principales responsables de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra con penas privativas de la libertad.

Las FARC deben entender y aceptar que un cese bilateral de hostilidades creíble y eficaz solo es factible con verificación por parte de organismos internacionales totalmente ajenos y neutrales.

Ningún acuerdo de paz puede conllevar al establecimiento de zonas rurales controladas por las guerrillas ni a cambios en el tamaño y las funciones constitucionales de las fuerzas militares.

No exigimos a quienes piensan que Colombia vive una guerra civil como consecuencia de causas objetivas que dejen de pensar así. Esto hace parte del debate ideológico, político y académico. Pero sí, que acepten que las FARC no pueden equiparase al Estado en ningún aspecto, sea este moral, legal o militar, pues de aceptarse, necesariamente los límites a los que nos hemos referido vuelan en añicos y todo quedaría abierto a la discusión.

Ingresar a la vida civil y legal bajo condiciones de óptima seguridad, con planes sociales y de emprendimiento, con proyectos puntuales para las comunidades más sufridas y victimizadas, algo que ya se hizo en el pasado en otros procesos que no fueron humillantes, tener abierto el campo de la participación en política y obtener la aprobación de la población, así como el perdón de los damnificados, debe ser suficiente atractivo para cesar hostilidades y firmar la paz.

En suma, queremos firmar una paz, no igual, pero sí parecida a las anteriores, sin falsos compromisos y sin falsas compensaciones.

Coda 1: Hay que celebrar que el Gobierno nacional haya dicho que sin entrega de armas y penas privativas de la libertad para responsables de crímenes atroces no habrá paz. Ojalá no sean palabras al viento.

Coda 2: Lo que hubo detrás del nuevo cese unilateral de las FARC no es otra cosa que un real y vergonzoso cese bilateral al que, para evitar un escándalo, han llamado “desescalamiento”. Desalentador ver que en simultánea cayeron las cabezas de tres generales comandantes de Armada, Ejército y Aviación.