Por: Diego Rojas
El doble estándar —es decir, la virtud de medir los actos ajenos con una vara diferente de aquella con la que se miden los propios— se había transformado en una de las características centrales del relato kirchnerista. Una herramienta fundamental para sostener un discurso “progresista” que no tenía anclaje en la realidad de los actos del Estado dirigido por Néstor Kirchner, primero, y Cristina Fernández, después.
Por ejemplo, ese recurso le permitía a Ricardo Forster —profesor de filosofía y uno de los miembros más conspicuos de Carta Abierta— denunciar ecológicamente el traslado de los árboles de la avenida 9 de Julio para la construcción del metrobús y no decir ni pío acerca de la lucha del pueblo de Famatina, reprimido por el kirchnerista Luis Beder Herrera, contra la contaminación megaminera. O procesar a los militares responsables de desapariciones y otras aberraciones durante la última dictadura y hacer caso omiso y sostener en su puesto al elegido de Cristina al frente del Ejército, César Milani, denunciado por varias personas por su acción represiva en La Rioja durante los años oscuros. O exhibir a un niño jujeño que recitaba en Tecnópolis “No te burles de un colla”, mientras el kirchnerista Gildo Insfrán asesinaba en la ruta a manifestantes de la etnia qom y la Presidente se negaba a recibirlos en una audiencia largamente requerida mediante acampes en el centro porteño. Son sólo algunos ejemplos de la doble vara, de mirar la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. Que tiene una continuidad manifiesta en el método político del Gobierno de Mauricio Macri.
El contrato entre YPF y Chevron demostró —una vez más— la falsedad del discurso kirchnerista, que se mofaba de una supuesta reestatización del petróleo nacional, cuando en realidad lo entregaba a una compañía multinacional con innumerables beneficios empresariales —por caso, le garantizaba un precio base de compra del petróleo más allá de la cotización internacional del oro negro. El acuerdo YPF-Chevron ni siquiera había sido firmado por las dos empresas, sino que el contrato de entrega colonial había sido rubricado entre YPF Shell Oil, con sede en Estados Unidos, y Chevron Overseas, con sede en paraíso fiscal, tal como señaló el abogado ambientalista Enrique Viale. Empresas subsidiarias de las originales que oficiaban como testaferros que resguardaban a las compañías por posibles juicios por acciones contrarias a los intereses argentinos. Más todavía: el contrato contaba con una serie de cláusulas secretas sobre un recurso estratégico para nuestra nación. Aníbal Fernández, el epítome del cinismo kirchnerista, había sido el encargado de defender ese secretismo. El acuerdo fue aprobado en el Parlamento neuquino en medio de las balas de goma y los gases lacrimógenos de la represión policial. En 2015 la Corte Suprema de Justicia ordenó que se diera a conocer públicamente el contrato entre YPF y Chevron.
Laura Alonso, diputada en ese entonces por el partido PRO, había tuiteado en julio de 2013, ante la aprobación del acuerdo: “El secreto no es la regla en democracia. El acuerdo con Chevron empieza mal: no es público. Corre frío por la espalda, ¿no?”. Cuando la Justicia en primera instancia ordenó que se revelaran los términos del contrato, tuiteó: “Ordenan a YPF brindar información sobre el acuerdo con Chevron. Muy buena”. Y ante el fallo de la Corte Suprema que ordenaba, definitivamente y sin lugar a opinión, que debía mostrarse el acuerdo, tuiteó: “Gran fallo de la Corte Suprema a favor de la transparencia y el derecho a la información. ¡Bravo!”. Luego todo quedaría en el olvido.
Un par de meses después de asumido el Gobierno de Macri, Alonso —a cargo de la Oficina Anticorrupción— abjuraría de su llamado al derecho a la información y de su festejo por el fallo de la Corte Suprema. Alonso acaba de afirmar que el acuerdo secreto entre YPF y Chevron debe seguir secreto. Aquello que había sostenido mientras era opositora se transformaba en su reverso al momento de integrar el Gobierno y planteaba una desobediencia abierta al máximo órgano de Justicia de la nación, en una clara injerencia en un poder independiente. La doble vara del kirchnerismo entroncaba con los designios del macrismo.
¿Qué oculta el acuerdo entre YPF y Chevron? Analistas del accionar de las petroleras en naciones semicoloniales como la nuestra indican que muy probablemente se haya incluido un resguardo de “indemnidad ambiental”, es decir, la exculpación de la empresa en caso de desastre ambiental, para evitar fallos multimillonarios como el que enfrenta hoy Texaco (filial de Chevron) en Ecuador, luego de que produjera una descomunal tragedia en el ecosistema de ese país, de manera permanente, por su mala praxis en la extracción petrolífera. Aquello que el PRO defendía cuando era oposición hoy se convierte en una continuidad del kirchnerismo, una vez que el macrismo es oficialista. No es el único caso en el que la doble vara del kirchnerismo se convierte en método del nuevo oficialismo. Pero sí es el más relevante por la gravedad de sus términos, que llevan a desobedecer y avalar la desobediencia al máximo órgano de Justicia de la nación. No son iguales el macrismo y el kirchnerismo, pero tampoco son tan distintos.