Por: Leandro Querido
Hay dos formas de consagrar leyes electorales. Una de ellas implica la búsqueda de amplios consensos legislativos, dado que se trata de las normas que regulan la competencia por la cual se distribuyen los cargos en juego. En una democracia sana esto es de vital importancia. En cambio, la otra es la imposición de una ley. En este caso, una mayoría circunstancial sanciona una norma con la intención de limitar el marco de competencia y así sacar ventaja en una determinada elección.
La ingeniería electoral es como la energía atómica: puede servir para iluminar una ciudad o para terminar con ella. Los alquimistas de la política saben esto y lo aplican como parte de su expertise.
El Parlamento del Mercosur derrama buenas intenciones. El Protocolo Constitutivo reconoce la “representación de los ciudadanos de los Estados parte” para dar lugar “a la creación de un espacio en el que se refleje el pluralismo y las divisiones de la región”. Habla una y otra vez de democracia, participación y representatividad. Entre sus propósitos se destaca la “representación de los pueblos respetando la pluralidad ideológica y política”.
Todo muy lindo, sin embargo, la comitiva argentina que mandaremos al Uruguay es bien macha y peronista.
No podía ser de otra manera. La ley fue diseñada por el apoderado del partido justicialista con la única intención de privatizar la representación de la ciudadanía. Jorge Landau no dio lugar a los planteos de varios despachos de minoría que sostenían que el proyecto oficial no respetaba la representación de las minorías ni tampoco las de género.
El proyecto sancionado a fines del año pasado estipuló un sistema mixto en donde 24 parlamentarios provienen de cada uno de los 24 distritos de nuestro país y 19 lo hacen a través de una lista por distrito único.
Las primarias del pasado domingo funcionan como un simulador de lo que podría ser el resultado de las generales de octubre. El sueño de Landau de tener un Parlasur macho y peronista se hará realidad.
El despropósito de elegir a un parlamentario por distrito genera varios efectos, entre ellos, estos: excluye a las minorías de la representación, dado que el ganador se lleva todo lo que está en juego. Es decir, sobrerepresenta al que gana. Un candidato podría llevarse el 100 % del cargo en juego con un 30% de los votos. Además, a este sistema mayoritario le resulta imposible cumplir con la representación de género.
En este último sentido, los resultados del simulador son categóricos: los 24 parlamentarios elegidos a través del sistema mayoritario son hombres. La paridad de género ha sido borrada del mapa por los alquimistas electorales. Las mujeres que forman parte de la mitad del padrón nacional no tendrán una debida representación en el Parlasur.
Estos 24 hombres son en su abrumadora mayoría peronistas: 18 del partido de Gobierno y 3 de versiones disidentes. Es decir, casi el 88 % de este bloque representa una expresión política ideológica: el peronismo.
El Frente para la Victoria (FPV), que obtuvo el 38 % de los votos a nivel nacional, se llevó el 75% de la representación de los 24 parlamentarios elegidos por este particular mecanismo.
El resto de los diputados del Parlasur, los 19 elegidos por distrito único y con la fórmula proporcional, no terminan de compensar este descalabro que hemos presentado.
Siguiendo con el simulacro de los nueve cargos obtenidos por el FPV: seis son hombres, es decir, casi el 67 %. UNA sube al 75 %, ya que de sus cuatro parlamentarios tres en hombres. Solo en Cambiemos se logra la paridad: tres son mujeres y tres hombres.
En definitiva, de los 43 parlamentarios del Mercosur 36 son hombres: nada menos que el 83 %.
A su vez, la sobrerrepresentación del oficialismo será en octubre un hecho. Si se repite la elección del domingo pasado, con el 38 % de los votos se llevarán el 62% de las bancas. Unos verdaderos genios del voto.
La representación política debería ser una suerte de espejo que nos refleje como sociedad. El caso Parlasur manifiesta la importancia de las normas electorales, de cómo afectan nuestros derechos políticos. También deja en evidencia las distorsiones que se producen cuando predomina la ventaja y el abuso en el diseño electoral. Si los legisladores del oficialismo sancionan leyes para manipular la representación, es lógico esperar que el día de la elección muchas personas consideren que robar boletas sea una sana picardía que forma parte de nuestro folclore electoral.