Por: Mariano Carpineti
Hace un tiempo describí el accionar del próximo gobierno en el área económico era como aquella persona que desarmaba una bomba y que todo pasaba por la secuencia y las expectativas que la gente fuera creando ante cada paso dado.
Toda la secuencia tenía un solo objetivo; el de devolver la normalidad a una economía que dejó de crecer en los últimos años, que se aisló del mundo. Al mismo tiempo esto debía hacerse sin tener un costo social fuerte entre las clases de recursos más bajas. Entre los puntos a enumerar podemos encontrar las tarifas de los servicios públicos y el incremento de los precios, la liberación del CEPO, el déficit fiscal, la inflación, etc.
Desde la antigua administración, se dijo en reiteradas oportunidades que el incremento de los precios y la colocación del cepo se daban en una coyuntura de crisis internacional que redujo el nivel de crecimiento, no solo en el país sino que en toda la región. Este discurso (más político que económico) no es del todo exacto ya que hubo países en la región que crecieron en promedio un 4%, habiendo recibido el mismo impacto de la crisis internacional que la Argentina.
Asumido el nuevo gobierno, éste decidió antes que nada normalizar la economía, pero la delicada situación lo obligó a ir a lo urgente o apremiante antes que a lo importante. Primero, se decidió liberar el CEPO, con la finalidad de devolver al mercado cambiario la normalidad que éste tenía previamente y al mismo tiempo se buscó devolverle a la economía la competitividad necesaria para reinsertarse en el mundo.
Normalizado el mercado cambiario, resta ver si esta normalización genera un traslado a precios lo que produciría un retraso cambiario y así un círculo vicioso. El plan entonces pasa por la generación de una estrategia anti-inflacionaria que corrija la tendencia de los precios a la suba. Pero para ello primero hay que conocer la magnitud del déficit fiscal heredado para poder delinear las políticas monetarias y fiscales tendientes a corregir el incremento de los precios.
El déficit fiscal está directamente ligado a otro problema que presenta la economía que es el atraso de las tarifas de los servicios públicos. Corregir este atraso, permitirá reducir el déficit fiscal y como resultado de esto, emitir menos pesos lo que evitaría en principio el incremento en los precios.
En consecuencia, se busca realizar un cambio en la política tarifaria que según trascendió en las últimas horas se vería reflejada para el mes de marzo de 2016. Resta ver si la misma se va a ver reflejada con el corte de la tarifa de dicho mes (que incluiría los consumos de los meses de veranos) o si se va a corregir a partir de marzo lo que provocaría un impacto más adelante.
Al mismo tiempo, trasciende que se eliminaría los subsidios a la oferta y al mismo tiempo se generaría un subsidio sobre la demanda, lo que tendría un impacto mucho menor ya que se mantendría el subsidio para las clases más bajas solamente.
En conclusión, la secuencia correcta seria: primero, lo urgente, y es que la economía vuelva a ser competitiva a nivel internacional para generar ingresos. Segundo, el equilibrio de las cuentas fiscales que permitirá terminar de ordenar la economía y en tercer lugar viene lo importante, que determinará el éxito de la actual gestión económica, y que permitirá retomar la senda del crecimiento económico y el desarrollo social.
El camino estará lleno de desafíos. La economía es dinámica, no se la puede sujetar con CEPO, tarifas y demás artilugios para controlar la situación, sin pensar a largo plazo. La salida de este tipo de coyuntura suele ser dolorosa, pero hay que tener paciencia porque se está retomando lentamente el camino correcto. Bienvenido el 2016 y feliz año para todos.