Una corriente de opinión se ha impuesto, sin mayores dificultades, en distintas esferas de la vida nacional. Según sus más destacados exponentes, el Estado y la sociedad colombiana no tienen nada de que enorgullecerse. En Colombia no hay democracia y el Estado carece de legitimidad.

Somos un país de asesinos dijo un poeta en un momento de iluminación “histórica”. La nuestra es una sociedad forjada a punta de guerras y violencia, de tal forma que pareciera que llevamos incrustado el chip de la maldad en nuestro árbol genealógico.

Eso que algunos llaman la autoestima colectiva, tan importante para no vivir cabizbajos, es materia escasa en colegios oficiales donde profesores adoctrinados en el marxismo caricaturizan nuestro pasado. Tampoco se encuentra en aceptable cantidad en sectores de las élites, que en actitud esquizofrénica reniegan de las instituciones mientras disfrutan de los placeres del mundano capitalismo.

Un personaje literario que vive por fuera tiene por deporte denigrar a Colombia, cada vez que necesita vender un nuevo libro, regresa. Es recibido a manteles en los medios donde desahoga sus comentarios biliares sobre los colombianos. Un famoso periodista, gran investigador tiene por deporte burlarse de los símbolos distintivos de la nación y de la historia patria, como si eso no causara daño colectivo.

Es una cofradía informal e insulsa que se dedica a dar látigo a diestra y siniestra y a la autoflagelación, con numerosos seguidores. Disfrutan de una libertad que no reconocen y han sido favorecidos por la vida o por pertenecer a sagas familiares de alcurnia y dinero, se avergüenzan de lo que somos y cuando han podido hacer algo desde cargos de importancia han dejado una estela de desastres.

Investigadores extranjeros de nuestra historia como David Bushnell, Malcolm Deas y Daniel Pécaut han recabado críticamente sobre la tendencia de los académicos colombianos a magnificar la violencia y las guerras. El finado historiador Busnhell, por ejemplo, en contra de lo que es un lugar común afirmó en su libro Colombia, una nación a pesar de sí misma: “la mayoría de los colombianos son pacíficos, amables y no están comprometidos en ningún tipo de actividad violenta o criminal”. Impacta el paisaje humano de millones de personas que todas las mañanas madrugan a buscar el sustento, unos de manera formal y otros desde la informalidad. Pagan impuestos, cumplen con el arrendamiento, el tendero del barrio les fía y son buenapagas.

¿A qué vienen estas reflexiones? Por supuesto no soy tan tonto como para pensar que tenemos un pasado idílico o limpio de llagas. Pienso que, como otros pueblos, tenemos una historia compleja, irreductible a frases fatalistas o a síntesis forzadas, como cuando se dice que en Colombia la violencia es endémica, que la democracia no existe, que carecemos de identidad nacional, etcétera. Tenemos lastres y deficiencias, pero debemos cuidarnos de pensar que son la causa mecánica de la violencia.

El problema que observo ahora es el mismo al que se refiere de manera oportuna el periodista Eduardo Mackenzie en artículo que circula por las redes (colombianews). Según él, estamos en presencia de una opinión para la que no hay razones que justifiquen la defensa del estado, la democracia y las instituciones, en medio de una negociación con una guerrilla que toda la vida ha querido aparecer como redentora y que fundamenta el empleo de las armas, precisamente, alegando exclusiones, persecución, ausencia de libertades y garantías.

Mackenzie advierte que esta forma de pensar los problemas nacionales conduce a demeritar hasta el extremo el estado y la democracia, a privarlos de razón moral, de tal suerte que ante las demandas de la guerrilla y su lluvia de propuestas para refundar la patria, instaurar una verdadera democracia y remediar las injusticias sociales, no queda otra opción que acatarlas, como si diera lo mismo el estado que los armados ilegales.

Es muy lamentable que apadrinados y beneficiarios del Frente Nacional, que no han dejado de pertenecer a las élites y que defendieron a gobernantes ineptos, prisioneros de conciencia de culpa y con la idea de pagar una “deuda histórica” afilen su pluma para acolitar una versión trágica y negativa de las últimas décadas. Es un discurso que nos desarma ante los violentos puesto que todos lo somos y todos somos culpables.

Se pretende por parte de los flagelantes de nuestra historia, demeritar el relato de un pasado rosa para reemplazarlo por una leyenda negra. Así, Las particularidades de nuestro país respecto de otros en el continente son obviadas. Colombia es vista con el lente que se ha usado para otros países de tradición militarista y golpista.

Es un discurso sin matices, según el cual el Frente Nacional fue una dictadura, a pesar de que, aún con las limitaciones y las restricciones, en los años sesenta el partido comunista retornó a la vida pública y legal, editó periódicos, realizó una intensa actividad sindical que se tradujo en la creación de la confederación comunista CSTC. Hubo disidencias con gran fuerza electoral como el MRL y la ANAPO y surgieron numerosos grupos de la variopinta izquierda y se restableció la paz.

De esa forma cobra validez un razonamiento que no se corresponde con los hechos: que las guerrillas surgieron como resistencia a la opresión, a la exclusión, a la persecución y a la ausencia de democracia y no como la aplicación de teorías revolucionarias que en el marco de la Guerra Fría y de la división del bloque comunista internacional, alimentaron el idealismo de activistas que se lanzaron al monte con la intención de liberarnos de las cadenas opresoras.

Esos grupos armados procuraron, sin éxito, durante 50 años, representar a los campesinos y a los obreros. Dicen tener la razón moral para cambiar el presente pues para ellos el desmonte del Frente Nacional, la elección popular de alcaldes y gobernadores y la constitución del 91 son cosa de poca monta.

La amplitud de esa tendencia a minusvalorar el pasado, el Estado y la democracia tiene, por supuesto, mucho que ver con la degradación y corrupción de la Justicia, el Congreso y nuestras malas costumbres políticas. Y es tan fuerte que, a quienes preferimos defender el estado de derecho desde una actitud reformista, nos estigmatizan de extremoderechistas y guerreristas. ¿Será por eso que los delegados oficiales en La Habana guardan silencio ante los deslenguados comandantes de las Farc y no le dicen al mundo y al país que están defendiendo una democracia que a pesar de sus limitaciones es defendible, que actúan en nombre de un estado que ha cometido errores pero que es legítimo y no se puede colocar al mismo nivel de quienes han buscado su destrucción?